El proyecto inmobiliario Damfield, ubicado en la ciudad santafesina de Funes, recibió un nuevo revés judicial. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo de la desarrolladora contra la clausura de las obras dispuesta por el Gobierno de Santa Fe.
El tribunal desestimó los recursos de apelación y nulidad presentados por el Fideicomiso Damfield Funes, administrado por Davik SA, y dispuso que la empresa afronte las costas de la segunda instancia. De esta manera, quedó ratificada la decisión judicial que respaldó la intervención provincial para frenar el emprendimiento.
El conflicto se originó a partir de la decisión del Gobierno santafesino de paralizar las obras en junio de 2024, mediante el Decreto 902/2024, y dejar sin efecto autorizaciones hídricas previas a través de la Resolución 1130/2024.
Damfield: por qué la Justicia ratificó la clausura
Uno de los puntos centrales del fallo es que Damfield nunca obtuvo la habilitación ambiental definitiva necesaria para iniciar las obras. Según los fundamentos judiciales, los certificados y permisos parciales que invocó la desarrolladora no equivalían a una autorización completa para ejecutar el proyecto.
La Cámara señaló que el avance de las construcciones estaba condicionado a la aprobación de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, un requisito que, de acuerdo con la resolución, la propia empresa reconoció no haber cumplido.
En ese sentido, los jueces consideraron que las autorizaciones preliminares no generaban un derecho adquirido a construir. Por eso, concluyeron que la paralización de los trabajos no constituía, por sí misma, una actuación arbitraria del Estado.
La empresa había cuestionado las medidas provinciales al sostener que se habían vulnerado derechos adquiridos y que se habían modificado las condiciones bajo las cuales realizó sus inversiones. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Cámara sus planteos fueron rechazados.
El riesgo hídrico y ambiental, en el centro de la disputa
Otro de los aspectos relevantes del caso es la ubicación del emprendimiento en una zona considerada de riesgo hídrico y ambiental. La resolución judicial vinculó la intervención de la Provincia con la protección de la cuenca del arroyo Ludueña, la gestión de los recursos hídricos y la planificación del uso del suelo.
Los magistrados también destacaron la importancia de las medidas preventivas frente a los riesgos climáticos y ambientales, en un contexto en el que el desarrollo inmobiliario debe ajustarse a las exigencias regulatorias correspondientes.
La controversia, de todos modos, no quedó completamente cerrada en el ámbito judicial. Según los antecedentes del caso, el expediente administrativo provincial dio lugar a nuevos planteos de la desarrolladora ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
La Provincia exige revertir los movimientos de suelo
A la disputa judicial se suma otra exigencia del Gobierno santafesino: restablecer las condiciones originales del terreno. La Provincia intimó a los responsables del emprendimiento a revertir los movimientos de suelo realizados en el predio, una medida que podría implicar un costo económico significativo.
La situación también genera interrogantes sobre el futuro del proyecto y la posición de quienes hayan comprometido dinero para adquirir lotes. No obstante, la sentencia sobre el amparo no determina responsabilidades patrimoniales frente a los compradores ni resuelve la legalidad de las operaciones inmobiliarias particulares.
Además, el emprendimiento enfrenta otros frentes de conflicto, entre ellos una denuncia penal presentada por el futbolista Denis Rodríguez.
Con dos fallos adversos en el juicio de amparo, las obras paralizadas y la falta de habilitación ambiental definitiva, Damfield continúa sin una vía judicial favorable que permita reanudar las construcciones en las condiciones cuestionadas por la Provincia.
El pronunciamiento de la Cámara ratifica así un punto central de la controversia: los permisos preliminares no reemplazan la autorización ambiental definitiva exigida para avanzar con un desarrollo inmobiliario de estas características.
