Las medidas cautelares por violencia familiar quedaron en el centro de una nueva discusión legislativa en Santa Fe. La diputada provincial Silvia Malfesi impulsa una reforma para modificar el funcionamiento de las órdenes de exclusión del hogar y las restricciones de acercamiento, con el objetivo de establecer controles sobre su duración y garantizar el derecho de defensa de las personas denunciadas.
El proyecto busca evitar que las medidas preventivas se prolonguen durante meses o años sin una revisión judicial que determine si continúan vigentes las circunstancias que motivaron su aplicación.
Qué cambios propone el proyecto de Silvia Malfesi
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es establecer un plazo máximo inicial para las restricciones de acercamiento y las exclusiones del hogar. Una vez vencido ese período, los jueces deberían revisar cada situación y fundamentar si corresponde prorrogar las medidas.
“Vencido el plazo el juez debe rever su decisión”, sostuvo Malfesi al explicar los alcances de la propuesta.
La legisladora aclaró que el planteo no apunta a eliminar las herramientas de protección frente a situaciones de violencia, sino a incorporar mecanismos de revisión para determinar si las condiciones de riesgo persisten.
En ese sentido, la iniciativa busca establecer una diferencia entre la respuesta judicial urgente y la continuidad de las restricciones una vez adoptadas.
Audiencia de descargo dentro de las 48 horas
Otro de los puntos destacados del proyecto es la incorporación de una audiencia personal de descargo dentro de las primeras 48 horas posteriores a la adopción de la medida cautelar.
Durante esa instancia, la persona alcanzada por una exclusión del hogar o una restricción de acercamiento podría ser escuchada, contar con asistencia letrada y presentar elementos de prueba.
La propuesta no plantea que los jueces deban demorar una intervención urgente hasta escuchar previamente a la persona denunciada. En cambio, busca que exista una instancia posterior y rápida para ejercer el derecho de defensa, sin impedir que se adopten medidas inmediatas cuando resulte necesario proteger a una persona ante un posible riesgo.
Falsas denuncias: otro de los puntos en discusión
El proyecto también incorpora disposiciones vinculadas con las denuncias falsas o presentaciones realizadas de mala fe.
Según los fundamentos de la iniciativa, pueden existir situaciones en las que los procedimientos judiciales sean utilizados de manera estratégica en el marco de conflictos familiares, divorcios, disputas patrimoniales o controversias relacionadas con el cuidado de los hijos.
En esos casos, la propuesta contempla la posibilidad de imponer costas, aplicar sanciones procesales o remitir las actuaciones a la Justicia penal cuando corresponda, siempre que la mala fe sea determinada judicialmente.
Sin embargo, que una denuncia no termine en una condena no significa, por sí solo, que haya sido falsa. La eventual aplicación de sanciones requeriría una evaluación concreta de las circunstancias de cada expediente.
Qué plantea cuando hay hijos menores involucrados
La iniciativa también contempla situaciones en las que las medidas judiciales pueden afectar el vínculo entre padres e hijos.
Malfesi propone que las decisiones sobre la suspensión de responsabilidades parentales o la modificación de los regímenes de comunicación cuenten con una evaluación técnica e individualizada, teniendo en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
El objetivo, según los fundamentos del proyecto, es evitar que las consecuencias de un conflicto entre adultos se trasladen automáticamente a la relación con los hijos.
Esto no impediría restringir el contacto cuando existan elementos que indiquen un riesgo para los menores, sino que buscaría que esas decisiones estén respaldadas por un análisis específico de cada situación.
El debate que se abre en la Legislatura santafesina
La propuesta pone sobre la mesa una discusión sensible: cómo garantizar una protección inmediata frente a la violencia familiar y, al mismo tiempo, asegurar el debido proceso y el derecho de defensa.
Las medidas cautelares cumplen una función preventiva y pueden resultar fundamentales ante situaciones de riesgo. Por eso, uno de los desafíos del proyecto será establecer mecanismos de revisión que no debiliten la capacidad de respuesta de la Justicia.
También deberá analizarse si los juzgados cuentan con recursos suficientes para garantizar audiencias dentro de las 48 horas y realizar revisiones periódicas sin generar nuevas demoras.
La iniciativa de Silvia Malfesi propone, en definitiva, tres cambios centrales: plazos máximos para las medidas cautelares, audiencia de descargo en 48 horas y revisión judicial para decidir su continuidad.
El tratamiento legislativo deberá determinar si la reforma logra compatibilizar las garantías procesales con la necesidad de mantener una respuesta eficaz frente a situaciones reales de violencia familiar.
