La cruzada contra el juego online en la provincia de Buenos Aires dejó la etapa de las buenas intenciones para entrar en la fase de la rosca dura. La comisión de Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados, encabezada por Micaela Olivetto, realizó una reunión clave para avanzar con la “mega ley” impulsada por el bloque Fuerza Patria.
Para dotar de volumen político al debate y apurar un eventual tratamiento en el recinto, los legisladores definieron una jugada de peso: por primera vez, citaron formalmente al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. La visita del funcionario quedó agendada para el próximo lunes 19 de octubre a las 10 horas en el marco de un plenario de comisiones.
El funcionario, según pudo reconstruir INFOCIELO, dará un pormenorizado informe de cómo el organismo que conduce estuvo abarcando la problemática de las apuestas compulsivas, la prevención, el combate contra las plataformas de apuestas ilegales y los controles que se llevan adelante en las plataformas autorizadas.
La llegada de Atanasof no es casual. El oficialismo busca unificar posturas y blindar un texto de 64 artículos que propone una regulación integral del mercado de las plataformas virtuales. La presencia del titular de Loterías será fundamental para explicar el alcance de las medidas de control sobre las empresas y la viabilidad técnica de bloquear el acceso a sitios de apuestas en dependencias provinciales, escuelas y redes WiFi de uso comunitario.
APOYO CRÍTICO, FONDOS MULTIMILLONARIOS Y EL FANTASMA DEL LOBBY
Aunque la oposición en la Legislatura adelantó un “apoyo crítico” a la iniciativa para proteger a los jóvenes, en las negociaciones de pasillo ya plantearon exigencias y pidieron ampliar el debate.
El principal punto de fricción radica en uno de los cinco ejes centrales del proyecto camporista: la creación de una fiscalía especializada para combatir las apuestas ilegales. Desde las bancadas opositoras miran con desconfianza esta estructura y advierten que no es conveniente acumular tanta autoridad en un único magistrado.
Mientras la política dirime el control judicial, el proyecto avanza sobre la caja de las plataformas. La normativa estipula restricciones severas a la publicidad —obligando a incluir leyendas como “Apostar no es un juego”— y la creación de fondos específicos alimentados por multas y recaudación. La distribución de esos recursos ya está tabulada: el 70% se girará a los municipios mediante el Código Único de Distribución (CUD) y el 30% quedará para que el Ministerio de Salud financie campañas de prevención y salud mental. Además, se contempla solventar becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento e infraestructura para clubes de barrio.
Con Atanasof dando explicaciones y la oposición con la lupa en la mano, la Cámara de Diputados medirá si tiene la musculatura necesaria para llevar la regulación al recinto o si el millonario negocio del juego digital vuelve a empantanarse en la rosca parlamentaria.
