La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó la oferta de un campo de casi 3.000 hectáreas en Chubut, con lago propio y 16 kilómetros de costa sobre un río, que fue promocionado durante los diez días en que la Ley de Tierras quedó sin efecto tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
“La Argentina sigue en oferta”, advirtió la funcionaria provincial, al reclamar que el Congreso rechace el DNU 70/2023 para garantizar la protección del territorio nacional frente a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El caso surgió de un relevamiento del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que detectó publicaciones de una inmobiliaria rural en redes sociales durante ese período. La propiedad, ubicada en Alto Río Pico, fue presentada como una oportunidad de inversión en la Patagonia, con acceso a espejos de agua y características que están alcanzadas por las restricciones de la legislación. No hay información confirmada sobre si la operación llegó a concretarse.
“¿Se vendió? No lo sabe nadie, no hay información confirmada. Caída temporalmente la ley, la obligación de registrar la venta también se suspendió” sostuvo Vilar.
Diez días en los que se abrió una ventana para vender tierras
El 29 de septiembre, la Corte Suprema rechazó por cuestiones de legitimación el planteo del CECIM La Plata contra el DNU 70/2023. La decisión dejó sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras y abrió un período de diez días en el que quedaron habilitadas operaciones que hasta entonces estaban prohibidas o limitadas.
El 9 de octubre, el máximo tribunal dictó una suspensión provisoria del artículo 154 del decreto y restituyó transitoriamente la vigencia de la norma. Sin embargo, la controversia de fondo continúa abierta y la protección del territorio nacional permanece sujeta a la evolución judicial y legislativa del decreto.
La Ley de Tierras establece límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros, especialmente en zonas de frontera y en áreas que contienen cuerpos de agua. También fija topes a la superficie rural que puede quedar en manos extranjeras y restricciones vinculadas con la concentración de tierras por nacionalidad.
Una inmobiliaria promocionó un campo con lago propio
El informe del Observatorio de Tierras reconstruyó la actividad de Loma Alta Propiedades, una inmobiliaria que creó su perfil de Instagram el 26 de septiembre, tres días antes del fallo de la Corte. En su primera publicación, se presentó como una firma dedicada a acompañar inversiones en la Patagonia.
El 30 de septiembre, ya durante la ventana judicial, ofreció un campo en Río Pico con costa de lago, laguna y río. El 3 de octubre publicó una serie de placas dirigidas a potenciales inversores extranjeros, en las que destacaba el valor de la tierra patagónica, la disponibilidad de agua dulce y los recursos naturales de la zona.
La propiedad también aparece promocionada en el sitio web de la inmobiliaria como un campo de más de 2.900 hectáreas, con lago privado y 16 kilómetros de costa sobre el río. De acuerdo con el Observatorio, esas características entran en conflicto con las restricciones que establecía la Ley de Tierras.
El relevamiento también advirtió que la firma no tendría CUIT ni aparecería registrada bajo ese nombre, por lo que no pudo determinar quiénes están detrás de la oferta. Tampoco hay datos confirmados sobre una eventual compraventa.
El reclamo de Vilar para que el Congreso rechace el DNU
A partir de ese caso, Vilar cuestionó la incertidumbre que rodea a la normativa. La ministra advirtió que, aunque la suspensión provisoria de la Corte cerró temporalmente la ventana que se había abierto a fines de septiembre, la situación puede volver a cambiar mientras el DNU 70/2023 siga vigente.
La funcionaria reclamó que la Cámara de Diputados rechace el decreto para evitar que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros vuelvan a quedar sin efecto. En su publicación, sostuvo que la Ley de Tierras existe para proteger el territorio nacional y cuestionó que se haya ofrecido un campo con un lago entero y costa fluvial en una zona de frontera.
El episodio puso el foco en las consecuencias concretas de la disputa judicial por la norma: durante diez días, la protección legal quedó en suspenso y una inmobiliaria promocionó una propiedad con características que la legislación buscaba preservar de la extranjerización.
