El tablero normativo que regula la extranjerización de la tierra en la Argentina volvió a tambalear. Apenas diez días después de un fallo que había despejado el camino para el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un giro drástico y dispuso la suspensión interina de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma con la que el Gobierno había derogado la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional.

Entre una decisión y otra se abrió un “limbo jurídico” de diez días —entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2026— que hoy concentra la máxima atención del Congreso de la Nación y pone bajo la lupa el control de recursos estratégicos. Esa ventana despertó al peronismo que en cabeza del diputado Nacional Sebastian Galmarini le pone la lupa a las dinámicas de estos días de ventana y buscan saber si hubo ventas de tierras en este período.

Del fallo del CECIM a la cautelar por el ambiente

La cronología de los hechos comenzó a acelerarse a fines de septiembre. El 29 de septiembre, el Máximo Tribunal revocó una cautelar histórica y rechazó la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. En aquella oportunidad, la Corte consideró que la entidad carecía de legitimación procesal para cuestionar la validez de la derogación por una supuesta afectación de la soberanía nacional, aunque evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.

Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta el 9 de octubre. Con una conformación ampliada por conjueces, el tribunal analizó otro expediente tramitado en paralelo: la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie junto a otros particulares ante la Justicia Federal de Bariloche. A diferencia de los excombatientes, este colectivo fundamentó su reclamo en la tutela del medio ambiente (artículo 41 de la Constitución Nacional), los derechos de las comunidades indígenas y el riesgo de un daño irreparable sobre los recursos naturales.

Haciendo uso de una interpretación amplia del derecho ambiental y citando normativas internacionales como el Acuerdo de Escazú, la mayoría de la Corte ordenó una suspensión interina de la derogación hasta que el juzgado de origen se expida sobre la legitimación y el fondo del asunto.

El “período gris”: el blanco móvil de la política

El verdadero temblor institucional no reside únicamente en la disputa jurídica, sino en el bache temporal que se generó entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre. Durante esos días, operó una suerte de desregulación de hecho: mientras el Registro Nacional de Tierras Rurales y los organismos de control evaluaban el alcance del primer fallo, las restricciones sufrieron un bache de aplicación efectiva.

Esta situación encendió las alarmas en el Poder Legislativo. Desde la Cámara de Diputados, Sebastian Galmarini impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para esclarecer qué sucedió exactamente en esa ventana de tiempo, poniendo el foco en el rol de los organismos, se exige saber si el Registro de Tierras suspendió la recepción de trámites o si comunicó a los colegios de escribanos y registros de la propiedad que los certificados de habilitación ya no eran obligatorios.

• Galmarini busca determinar cuántas escrituras públicas se firmaron, cuántas solicitudes pendientes lograron perfeccionarse y qué volumen de hectáreas extranjerizadas avanzó sin el filtro estatal. Poniendo el foco en las zonas críticas y recursos estratégicos, la mira está puesta en áreas de alto valor geopolítico y ambiental, tales como los salares de la Puna (Salta, Catamarca y Jujuy), el Sistema Acuífero Guaraní (Corrientes y Misiones), los espejos de agua de la Patagonia andina y las franjas de seguridad de frontera.

Un impacto que excede los tribunales

La decisión de la Corte sacudió el tablero político en un momento de máxima tensión parlamentaria por la validez del megaproyecto de necesidad y urgencia.

Mientras el Gobierno evalúa los pasos administrativos para responder a los requerimientos legislativos y garantizar la preservación de las bases de datos históricas, el caso deja abierta una pregunta de difícil respuesta: ¿qué pasará con las transacciones concretadas en los diez días en que la tierra pareció quedar sin custodia? La respuesta, por ahora, se debate entre los entramados de los registros provinciales y lo judicial.