La parálisis y desregulación impuesta por el Gobierno nacional en materia sanitaria abrió un agujero fiscal en la provincia de Buenos Aires que hoy la gestión de Axel Kicillof busca cerrar. A través de la Resolución 103-SAMO-2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud lanzó una moratoria especial para todas las obras sociales nacionales que adeudan prestaciones a los hospitales públicos provinciales. Según estimaciones oficiales a las que tuvo acceso INFOCIELO, la deuda total que se busca recuperar asciende a los $150.000 millones.
Esta medida responde a un cambio drástico en las reglas de juego nacionales. La Provincia denuncia que, tras la disolución de los programas nacionales que centralizaban el recupero de costos, la gestión de Javier Milei provocó que cada hospital o jurisdicción tuviera que sentarse a negociar de forma individual con cada una de las obras sociales, atomizando la capacidad de cobro del Estado bonaerense.
A diferencia de etapas anteriores, el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Nicolás Kreplak, apuesta a que este programa tenga éxito gracias a la transformación tecnológica del sistema. El programa se sustenta en que el sistema provincial está íntegramente digitalizado, lo que permite que consten todas y cada una de las consultas realizadas por pacientes con cobertura.
Esta trazabilidad se complementa con el modelo de cuidados progresivos, donde el Ministerio puede controlar de forma continua la historia clínica centralizada de cada paciente. Con esta prueba documental en mano, las obras sociales tienen menos margen para desconocer las prestaciones realizadas en el “metro cuadrado” bonaerense.
Un incentivo para los trabajadores: 50% directo al sueldo
Uno de los puntos más sensibles y de mayor impacto político de la medida es el destino de los fondos. Por la Ley SAMO, la mitad de todo el dinero que se logre recuperar de las obras sociales nacionales se destinará directamente a mejorar el salario de los trabajadores hospitalarios.
Este mecanismo convierte al personal de salud en un actor central del recupero de costos, ya que el flujo de recursos no solo garantiza la sostenibilidad del sistema e infraestructura, sino que impacta de forma inmediata en el bolsillo de médicos, enfermeros y administrativos que sostienen la atención pública ante el crecimiento de la demanda.
La moratoria tendrá una ventana de adhesión de 45 días corridos. Las obras sociales podrán incluir facturas impagas emitidas hasta sesenta días antes de la fecha, bajo las siguientes modalidades:
- Cancelación al contado: En una sola cuota.
- Plan de hasta 18 cuotas: Mensuales, iguales y sin interés de financiación.
- Plan de hasta 24 cuotas: Con un interés del 4% anual sobre saldos.
En los considerandos de la resolución, la gestión de Kreplak advierte que las políticas nacionales —específicamente el DNU 70/2023— estimularon la mora y pusieron en riesgo la sostenibilidad financiera de los efectores provinciales, lo que motivió la puesta en marcha del plan.
