La crisis de ingresos en la Argentina ha generado una “arquitectura del pozo” que ya no distingue entre trabajadores formales e informales. Según datos del Banco Central de la República Argentina citados por el diputado Santiago Roberto en diálogo con La Cielo, el índice de morosidad saltó del 2,6% en diciembre al 13% en la actualidad, arrastrando a 7 millones de ciudadanos a incumplimientos financieros. Lo más alarmante es que más de la mitad de ellos son considerados “deudores incobrables”, atrapados en créditos que son “muy difíciles de remontar” sin una intervención estatal.
El diagnóstico de la consultora Centrix refuerza esta preocupación. Su director, Claudio Montiel, detalló que el 61,9% de los argentinos tuvo que contraer deudas en los últimos seis meses simplemente para cubrir sus necesidades básicas. El desglose de la finalidad del crédito es elocuente:
- 76% de los encuestados se endeudó para gastos básicos (comida y vestimenta).
- 23% lo hizo para poder pagar los servicios públicos.
“No es una mala táctica financiera”, aclaró Santiago Roberto, desmintiendo el discurso oficial: “Las familias no se han endeudado por un error, sino por la pérdida de poder adquisitivo y el incremento incesante de las tarifas”.
En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el fenómeno golpea con especial saña al segmento “sub 40”. Según Montiel, el 85,5% de los menores de 40 años no llega al día 20 del mes, lo que genera un “pasamanos” de deudas peligroso.
El camino hacia la insolvencia suele seguir un patrón de degradación:
- Uso del pago mínimo de la tarjeta de crédito para comprar comida.
- Toma de préstamos personales bancarios para cancelar la tarjeta.
- Recurrencia a billeteras virtuales, con tasas efectivas anuales que llegan al 180%.
- Caída final en el prestamismo usurario informal del barrio, con tasas totalmente desreguladas.
Ante este escenario, desde Unión por la Patria impulsan más de 20 proyectos para aliviar a las familias y a las Pymes, que representan el 97% de las empresas y también están en zona de riesgo. La propuesta principal apunta a establecer una quita importante al capital y a los intereses para deudores incobrables, fijando planes de pago con tasas reguladas que ronden el 12% anual.
“El Estado tiene que hacer algo porque la situación es irreversible”, sentenció Santiago Roberto, advirtiendo que, de lo contrario, el sistema financiero seguirá perdiendo clientes que quedan “muertos” civilmente para cualquier actividad económica futura.
