En el aire de LA CIELO FM 103.5, durante el programa “Todo no se puede”, se destapó una problemática alarmante que afecta directamente a la salud pública, el ejercicio ilegal de la terapia ocupacional. Claudia Spidalieri, presidenta del Colegio de Terapistas Ocupacionales de la provincia de Buenos Aires (COTOBA), brindó una entrevista donde detalló cómo proliferan los cursos “engañosos” y la falta de control estatal sobre las empresas que brindan servicios domiciliarios.
La creación de un colegio profesional
La entrevista comenzó aclarando la formación necesaria para ejercer. Spidalieri fue tajante al señalar que “la nuestra es una disciplina, es una profesión de grado universitario, en algunas universidades es de 4 o 5 años con licenciatura”. Sin embargo, la reciente creación del Colegio profesional responde, en gran medida, a que existían “grandes dificultades en todo lo que tenía que ver con el ejercicio ilegal de nuestra profesión por no ser una profesión muy conocida”.
El núcleo de la denuncia reside en lo que la especialista denominó “propuestas educativas engañosas”. Según explicó, existen institutos en toda la provincia que “ofrecen cursos con salida laboral rápida de auxiliares de terapia ocupacional” y, lo que es más grave, “los mismos institutos les dicen que le otorgan la matrícula para ejercer”.
Esta situación deriva en un riesgo sanitario latente, ya que la terapia ocupacional está reconocida bajo el artículo 43 de la Ley Nacional de Educación Superior, lo que implica que “nuestra disciplina implica riesgo en el ejercicio profesional implica riesgo para la salud de la población”, explica Spiadarelli.
El entramado de silencios
Spidalieri denunció una red de complicidades que involucra a empresas de internación domiciliaria. “Las empresas domiciliarias están tomando a esas personas y las facturan para las obras sociales como si fueran prestaciones de terapia ocupacional”, afirmó con preocupación. Incluso advirtió sobre la falsificación de sellos, “se hacen sellos invocando que el título es el título de grado con el número de matrícula que les otorga esa institución trucha”.
Las consecuencias clínicas ya se están reportando en el sistema público. La presidenta del Colegio relató que reciben denuncias de profesionales de hospitales públicos que se encuentran con pacientes que “recibieron atención de personas que no son profesionales y se han encontrado con indicaciones totalmente contraindicadas para las patologías que presentan esas personas”.
Sobre el final de la charla en LA CIELO, Spidalieri lamentó la falta de una respuesta contundente por parte del Estado. A pesar de haber realizado presentaciones en fiscalías, señaló que “lamentablemente no tenemos una muy buena respuesta” y reconoció que, aunque se han acercado al área de Fiscalización Sanitaria, “al Estado se le hace muy difícil fiscalizar todas estas acciones ilegales”
