El reloj marcaba exactamente las 02:33 de la madrugada del jueves 18 de diciembre de 2025 cuando la Honorable Cámara de Diputados de la Nación consuma a un pacto político envuelto entre el apuro y la complicidad. La Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el bloque oficialista de La Libertad Avanza y sus aliados, se aprobaba entre “gallos y medianoche” mientras la gran mayoría del país dormía.

Hoy, seis meses después, con el caso Adorni que expone al gobierno nacional, la normativa que prometía “alivio tributario” se transformó para la oposición en una ley hecha a medida de la impunidad de los propios funcionarios de Javier Milei, desactivando los mecanismos de control patrimonial.

La escena, de la 15° Sesión Especial del 143° Período Extraordinario, tuvo como protagonistas principales el apuro oficialista por liquidar el debate y el tablero electrónico que terminó sentenciando el blindaje fiscal. Con 130 votos afirmativos frente a 107 negativos y 2 abstenciones, el oficialismo logró imponer su mayoría en general. Fue un triunfo celebrado en la cúspide del poder, pero que meses después, entraría en el ojo de la tormenta, tras ser usada por el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La herramienta forma parte de la Ley 27.799, reglamentada mediante el Decreto 93/2026, que introdujo cambios profundos en el régimen tributario argentino. Entre ellos, elevó significativamente los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal y redujo los plazos de fiscalización de ARCA. Además, contempla la posibilidad de que el organismo se abstenga de impulsar denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación dentro de los términos previstos.

La diputada apurada y la defensa de la impunidad

En los momentos previos a la votación, la urgencia de La Libertad Avanza por cerrar el trámite parlamentario quedó expuesta en el nerviosismo de sus espadas legislativas. La diputada nacional por Córdoba, Laura Elena Rodríguez Machado (LLA), fue una de las caras visibles de ese apuro ciego, exigiendo celeridad en un recinto donde el presidente de la Cámara, Martín Menem, manejaba los tiempos con el cronómetro en la mano.

Desde las bancadas libertarias y del PRO se defendió el proyecto con uñas y dientes. Figuras como Silvana Giudici -diputada por la Ciudad de Buenos Aires- alzaron la voz para justificar la Ley, argumentando la necesidad de “presumir la inocencia de los contribuyentes”. Sin embargo, la letra chica de la Ley 27.799 escondía un “tapón fiscal” letal para la transparencia pública, permitía a quienes se adhirieran pagar Ganancias únicamente sobre lo facturado en el año, blindando bajo estricto secreto fiscal el origen de los bienes, los consumos personales y los incrementos patrimoniales. Otro punto que la ley omitió fue la de excluir deliberadamente a los funcionarios públicos —las Personas Expuestas Políticamente (PEP)—, dejando la puerta abierta para el auto-beneficio que bien han hecho uso los funcionarios del gobierno nacional.

Del otro lado, la oposición cuestionó con dureza el corazón de la reforma. Desde los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se denunció que se trataba de un “blanqueo encubierto para delincuentes de guante blanco” y una amnistía patrimonial para la casta gobernante. Las advertencias de diputados opositores, que anticipaban que la ley serviría para encubrir el enriquecimiento ilícito de los propios miembros del Poder Ejecutivo, fueron sistemáticamente ignoradas por la mayoría oficialista. En tanto, desde las bancadas de Provincias Unidas se han referido a esta ley como “hecha a medida” y votada “entre gallos y medianoche”.

El foco en la provincia de Buenos Aires: El mapa de los votos de la impunidad

Para entender cómo se construyó este entramado de complicidades, es indispensable poner la lupa sobre los representantes de la provincia de Buenos Aires. El distrito electoral más grande del país aportó una cantidad clave de votos para que la ley fuera aprobada.

Los diputados bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO cerraron filas de manera monolítica a favor del proyecto. Entre los nombres que estamparon su “AFIRMATIVO” en la madrugada se destacan los del bloque oficialista, Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza), Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Sergio Figliuolo, Alvaro Garcia, Maria Luisa Gonzalez Estevarena, Gladys Humenuk, Lilia Lemoine, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro, Miriam Niveyro, Joaquin Ojeda, Sebastian Pareja, Maria Lorena Petrovich, Karen Reichardt, Juliana Santillan Juarez Brahim, Santiago Santurio, Ruben Dario Torres, Hernan Urien, Patricia Vasquez, Andrea Fernanda Vera.

De la bancada del pro, los bonaerenses, Alejandro Finocchiaro, Martin Yeza, Cristian A. Ritondo y Javier Sanchez Wrba. Mientras que, la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Eduardo Falcone (MID) también sumaron sus voluntades al bloque oficialista, encargados de garantizar el piso de votos para blindar la norma. En la vereda de enfrente, el rechazo bonaerense fue rotundo por parte de Unión por la Patria, con las firmas negativas de Santiago Cafiero, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Juan Grabois y Ramiro Gutiérrez, además del referente de la UCR bonaerense, Pablo Juliano (Provincias Unidas), quienes denunciaron el vaciamiento de las facultades de investigación penal de la AFIP (ahora ARCA).

El tuit profético y la profecía autocumplida de Adorni

Pocos días después de aquella oscura madrugada, el 27 de diciembre de 2025, Manuel Adorni celebraba la sanción de la norma en sus redes sociales con un mensaje que al día de hoy suma a la polémica, en el mensaje el Jefe de gabinetes sintetizaba que la Ley de Inocencia Fiscal quedaría en la historia del país.

Meses más tarde, la “real dimensión” de la ley se hizo carne en el propio Adorni. Investigado activamente por la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito tras no poder justificar un incremento patrimonial que incluye medio millón de dólares supuestamente originados en inversiones de criptomonedas “en negro”.

Antes de verse obligado a presentar su postergada declaración jurada patrimonial, Adorni y su esposa solicitaron acogerse de forma exprés al régimen simplificado que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Gracias a los 130 votos de aquella madrugada, el funcionario que ayudó a impulsar la ley desde los micrófonos oficiales ahora la utiliza como un escudo legal para ocultar sus bienes bajo el secreto fiscal, evitando que su patrimonio sea considerado de forma automática como una prueba de delito penal tributario.