El Gobierno nacional avanzó esta semana hacia la definición final de la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) con la apertura de las ofertas económicas de la licitación internacional, pese a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó una serie de irregularidades en el procedimiento y advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas y penales.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) abrió el Sobre N°3 de la licitación y confirmó que las empresas belgas Jan de Nul y DEME presentaron exactamente la misma propuesta económica: una tarifa de U$D3,80.
Como ambas cotizaciones empataron, la ventaja técnica obtenida previamente por Jan de Nul dejó a la compañía en una posición virtualmente ganadora de la concesión por los próximos 30 años.
Se trata de una firma con vinculaciones a la familia Caputo, especialmente al asesor presidencial Santiago Caputo
La definición final quedará ahora en manos del Gobierno de Javier Milei, que deberá adjudicar el contrato en las próximas semanas para una concesión estimada en alrededor de 10.000 millones de dólares.
Mientras tanto, lejos de frenarse, el proceso continúa avanzando aun cuando la PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, elaboró un duro dictamen presentado ante la Fiscalía Federal N°9 de Guillermo Marijuan donde enumeró múltiples cuestionamientos al procedimiento impulsado por la ANPYN.
Las observaciones del organismo retoman buena parte de las denuncias que desde hace meses vienen realizando especialistas portuarios, organizaciones ambientales y ex funcionarios del sector, entre ellos José Lojo, quien había advertido sobre un presunto direccionamiento de los pliegos y reclamado judicialmente la suspensión de la licitación.
Jan de Nul quedó al frente tras el empate económico
La apertura del tercer sobre representó el último gran paso administrativo antes de la adjudicación definitiva de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal ruta de exportación de la Argentina.
Según informó oficialmente la ANPYN, tanto Jan de Nul como DEME ofertaron una tarifa de U$D3,80, valor que el Gobierno destacó como una reducción de 50 centavos respecto del peaje actual y que, según aseguró, permitirá “mejorar la competitividad” del comercio exterior argentino.
Sin embargo, el empate económico terminó favoreciendo a Jan de Nul debido a la importante diferencia obtenida en la evaluación técnica previa. La compañía que opera la Hidrovía desde hace más de tres décadas consiguió 66,2 puntos contra 42,14 de DEME.
Ese diferencial deja a Jan de Nul prácticamente encaminada hacia una nueva adjudicación.
Desde el Gobierno remarcaron además que ninguna de las dos empresas presentó impugnaciones durante el proceso, situación que utilizaron para defender la “transparencia y solidez” del procedimiento licitatorio.
El dictamen de la Procuraduría complicó el escenario
Pese al avance oficial, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen que puso bajo sospecha distintos aspectos del proceso.
El organismo sostuvo que las irregularidades detectadas “podrían configurar reproches de naturaleza administrativa y eventualmente derivar en responsabilidades penales”.
Entre las principales observaciones aparece el incumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información ambiental durante la audiencia pública.
Según la PIA, la ANPYN puso a disposición más de 9.000 páginas de documentación en un plazo demasiado breve, lo que impidió una participación ciudadana “real y efectiva”.
“El procedimiento instado de participación ciudadana se redujo a un cumplimiento meramente formal y ritualista”, advirtió el dictamen.
La Procuraduría también cuestionó aspectos centrales de los pliegos licitatorios, entre ellos las condiciones para la cesión del contrato, la cláusula anticorrupción, las limitaciones para impugnar ofertas y las restricciones a ciertas formas asociativas.
Además, señaló una “distorsión en la forma de evaluación de las ofertas”, deficiencias jurídicas internas y, especialmente, la ausencia de estudios de impacto ambiental.
Las denuncias previas que anticiparon las irregularidades
Las conclusiones de la PIA retomaron varios de los cuestionamientos que venían realizando distintos actores vinculados al sistema portuario y ambiental.
Uno de los principales denunciantes fue José Lojo, ex presidente del Puerto La Plata, quien meses atrás presentó una denuncia penal patrocinada por Eduardo Barcesat.
Lojo había sostenido en declaraciones a Infocielo que los pliegos estaban “direccionados” para favorecer a un pequeño grupo de empresas europeas y denunció que el procedimiento excluyó competidores relevantes, entre ellos compañías chinas y una empresa brasileña que terminó fuera de carrera en la primera etapa administrativa.
“La empresa brasileña veía que estaba todo direccionado y no quiso pagar una caución millonaria para participar de algo que consideraba armado”, había señalado.
También cuestionó que la licitación avanzara sin estudios ambientales previos y denunció que el supuesto esquema “a riesgo privado” en realidad garantizaba rentabilidad para la futura concesionaria. “Le están garantizando la ganancia”, sostuvo entonces.
El Gobierno salió a mostrar respaldo empresario y político
A pesar de las denuncias y del dictamen de la PIA, el Gobierno continúa defendiendo la licitación y exhibe el respaldo de importantes sectores empresariales y productivos.
La administración nacional aseguró que el proceso fue acompañado por la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y distintas cámaras portuarias y exportadoras.
Según la ANPYN, el objetivo es avanzar hacia “una solución que potencie la competitividad externa de la producción argentina”.
En paralelo, el oficialismo también reivindicó el supuesto aval de organismos internacionales y provincias involucradas en la Hidrovía, aunque precisamente ese punto quedó bajo discusión a partir de las denuncias sobre la documentación atribuida a Naciones Unidas y los cuestionamientos formales de la Procuraduría.
Con la etapa económica ya cerrada y Jan de Nul en ventaja técnica, el Gobierno se encamina ahora a tomar la decisión final sobre una de las concesiones más sensibles y millonarias del país, mientras crecen las advertencias judiciales sobre el proceso que podría definir el futuro de la principal vía de exportación argentina.
