La disputa por el control del complejo balneario de Punta Mogotes suma un nuevo capítulo, en este caso en la Cámara de Diputados. Legisladores del PRO y de la UCR presentaron un proyecto de ley para que el gobernador Axel Kicillof avance con el traspaso de la administración del predio al municipio de General Pueyrredón, en una ofensiva política que busca acelerar un reclamo histórico de Mar del Plata.
La iniciativa lleva las firmas del presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, y del legislador del PRO, Alejandro Rabinovich. El texto le encomienda al Ejecutivo bonaerense aceptar el pago de la deuda que mantiene la Administración Punta Mogotes con la Provincia y, posteriormente, denunciar el convenio firmado en 1984 para restituir “la administración, conservación y explotación” del complejo a la comuna marplatense.
El proyecto apunta a que Axel Kicillof avance con la devolución definitiva de Punta Mogotes al municipio de General Pueyrredón. Para eso, los legisladores opositores sostienen que ya se cumplieron las condiciones establecidas hace décadas para disolver el actual esquema de administración compartida.
En el articulado, la iniciativa establece que la Provincia debe aceptar el pago ofrecido por el municipio para cancelar la deuda de la Administración Punta Mogotes. Luego, plantea denunciar formalmente el convenio firmado el 31 de agosto de 1984 entre la Provincia y la Municipalidad de General Pueyrredón, que dio origen al ente interjurisdiccional que actualmente administra el complejo.
“LA PROVINCIA YA RECUPERÓ LA INVERSIÓN”
Los fundamentos del proyecto hacen un repaso histórico sobre el origen de Punta Mogotes y apuntan contra la gestión que se desarrolló durante la última dictadura militar. Allí recuerdan que en 1979 se creó “Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado” para desarrollar el complejo turístico, aunque remarcan que la entidad estuvo marcada por “irregularidades”, falta de controles y sobrecostos que derivaron en una fuerte deuda con el Banco Provincia.
La oposición sostiene que la Provincia ya recuperó la inversión realizada en Punta Mogotes y que, por lo tanto, corresponde activar la cláusula que obliga a disolver el convenio una vez canceladas las deudas del ente.
En ese sentido, el texto recuerda que en 1996 el gobierno bonaerense aprobó un convenio de reconocimiento y cancelación de deuda con el Banco Provincia, mediante el cual se saldó el principal pasivo que arrastraba la Administración Punta Mogotes.
A partir de ese antecedente, Garciarena y Rabinovich afirman que quedaron cumplidas las condiciones previstas en el inciso quinto del artículo 17 del convenio de creación de la APM. Allí se establecía que la Provincia y el municipio debían denunciar el acuerdo una vez extinguidas las deudas del complejo.
Además, los legisladores remarcan que el Municipio de General Pueyrredón ya avanzó institucionalmente en esa dirección. En los fundamentos mencionan la Ordenanza Municipal 22.232, sancionada en 2015, que facultó al Ejecutivo local a denunciar el convenio que creó la Administración Punta Mogotes.
El proyecto también cuestiona el actual esquema de conducción del complejo balneario, al señalar que la Provincia concentra el 70% de participación en el patrimonio del ente y domina el órgano administrativo con dos representantes contra uno del municipio.
Según sostienen los autores, esa estructura dejó a Mar del Plata con escaso margen de decisión sobre uno de los sectores costeros más importantes de la ciudad. “La experiencia de estas décadas ha demostrado reiteradamente la inconveniencia” del sistema actual, argumentan.
En los fundamentos, además, advierten que Punta Mogotes quedó “manifiestamente antiguo” tras casi cuatro décadas sin una renovación integral y cuestionan que distintos proyectos de remodelación nunca llegaron a concretarse.
El texto también incorpora una mirada urbanística y ambiental sobre el futuro del complejo. Allí se plantea la necesidad de integrar Punta Mogotes con el barrio turístico homónimo, reducir el predominio del cemento y revalorizar las lagunas y espacios verdes de la zona como parte de un plan estratégico para el frente costero marplatense.
Actualmente, Punta Mogotes está conformado por 24 balnearios, una laguna, restaurantes y locales comerciales, bajo la órbita de la Administración Punta Mogotes, un ente público interjurisdiccional creado por la Ley 10.233. (diputadosbsas.com.ar)
LA PROVINCIA ANUNCIÓ EL TRASLADO, PERO NO YA
El nuevo proyecto opositor llega apenas días después de que el Gobierno bonaerense anunciara que avanzará con el traspaso de Punta Mogotes al municipio de General Pueyrredón. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, confirmó que la decisión política de Axel Kicillof es transferir el complejo una vez finalizadas las obras de remodelación y el nuevo proceso licitatorio de los balnearios.
Según detalló la Provincia, el esquema contempla una serie de etapas previas antes de concretar la municipalización definitiva: primero se extenderán las actuales concesiones, luego se licitarán los nuevos balnearios y se ejecutarán obras de infraestructura para modernizar todo el frente costero. Recién después de ese proceso el complejo quedará bajo control municipal.
El anuncio, sin embargo, no desactivó la disputa política y judicial. Desde el municipio de General Pueyrredón cuestionaron que el traspaso quede atado a futuras licitaciones y obras que podrían demorar años. Incluso, en las últimas horas la comuna amplió la demanda judicial contra la Provincia para reclamar que la transferencia sea inmediata y evitar que el proceso quede sujeto a nuevas concesiones provinciales.
