La noche del miércoles, la señal de noticias A24 difundió una serie de mensajes de WhatsApp entre el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el contratista de construcción Matías Tabar, el mismo que le cobró 245.000 dólares en efectivo y en negro (sin facturas) por reformar la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
Los chats filtrados son anteriores a la declaración de Tabar ante la Justicia Federal y muestran con claridad meridiana el delito de obstrucción y entorpecimiento a la justicia que cometió el funcionario en los días previos a esa audiencia.
Lo que escribió es esto: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”. Y por si no había quedado claro, insistió: “Bueno, habíamos quedado que sí necesitabas mi ayuda”. Remate incluido: “Che, tenía que hablar con vos por el tema de la declaración”.
Es decir, el Jefe de Gabinete en pleno ejercicio del cargo, con acceso a recursos del Estado, con abogados propios y con información directa sobre la causa que lo investiga, contactó al único testigo que puede enterrarlo antes de que abra la boca ante los fiscales.
El celular de Tabar ya está siendo peritado para reconstruir la totalidad de esas comunicaciones.
El chat que quema
Tabar, por su parte, no siguió el juego. Le respondió que sus propios asesores le habían indicado lo contrario: “Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros”. Y cerró con una frase que sonó a advertencia pública: “Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad”.
Esa “verdad” ya está en el expediente. Se trata de 245.000 dólares en efectivo, sin factura ni registro, por las obras en la vivienda del funcionario. Más muebles a medida por 14 millones de pesos. Todo esto en paralelo a otras investigaciones en curso (la compra de un departamento en Caballito, estadías en el Llao Llao, movimientos financieros sin respaldo) que forman parte de una evolución patrimonial que no cierra con el sueldo oficial de Adorni. El secreto fiscal ya fue levantado a nivel nacional y de Provincia de Buenos Aires.
La vara que no se mueve
Acá entra la comparación que irrita. Durante el gobierno de Macri, el juez Irurzun construyó la doctrina del “poder residual”, esto es que en aquel momento ex funcionarios podían ser detenidos en forma preventiva porque, aunque ya no ocupaban cargos, conservaban influencias suficientes para entorpecer una investigación.
Con ese argumento se justificaron detenciones que marcaron una época en la política argentina.
Adorni no es un ex funcionario. Es el actual Jefe de Gabinete en ejercicio. No tiene poder residual: tiene poder real, fáctico y pleno. Tiene acceso a información clasificada, a equipos de abogados con fondos del Estado y (según estos chats filtrados) disposición probada para usarlos sobre el testigo central de la causa que lo investiga.
Si la teoría Irurzun se aplicó a quienes ya habían abandonado el poder, la pregunta que flota en el expediente es simple y no requiere jurista: ¿qué espera la Justicia para aplicarla al que todavía lo tiene?
