La Policía Federal Argentina allanó esta semana el domicilio de un docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa María, Córdoba, acusado de difundir contenido antisemita y propaganda pronazi a través de la red social X.
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía Federal local, a cargo de la doctora María Schianni, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Durante el allanamiento, efectuado en un domicilio de calle Santiago del Estero al 1700, las fuerzas federales secuestraron un teléfono celular y una notebook con material vinculado a las publicaciones investigadas.
Un seudónimo para el odio
El imputado utilizaba un nombre falso en la red social X para difundir de forma sistemática contenido antisemita y material de exaltación del nazismo, incluyendo referencias a Adolf Hitler y a la comunidad judía.
La identidad real del docente fue establecida por la Fiscalía Federal a partir de las averiguaciones iniciadas tras la presentación de la DAIA, la entidad judía que comenzó a ocupar el vacío generado por la falta de organismos gubernamentales que monitoreen activamente las redes sociales en busca de este tipo de expresiones.
La Ley 23.592 establece penas de entre un mes y tres años de prisión para quienes alienten o inciten al odio contra personas o grupos por motivos raciales o religiosos. La causa se encuentra en etapa de investigación y aún no se formalizó una acusación definitiva.
Un patrón que se repite en Córdoba
Este no es el primer caso de este tipo que involucra a un docente universitario en la provincia. En 2020, el profesor Esteban Lizondo fue denunciado penalmente por la DAIA luego de que una alumna grabara una clase virtual en la Universidad Siglo 21, donde sostuvo que no existen los “judíos pobres”.
Lizondo, en aquellos años, fue procesado sin prisión preventiva tras una apelación exitosa de la DAIA, y en 2023 la Cámara Federal de Casación dejó firme ese procesamiento, dejándolo al borde del juicio oral.
La recurrencia de estos casos en el ámbito universitario mantiene activo el debate sobre los mecanismos de control y sanción dentro de las instituciones educativas, y sobre la responsabilidad que les cabe frente a conductas que exceden el aula y se trasladan al espacio digital.
La denuncia como herramienta
La DAIA se consolida, sobre todo en los últimos dos años, con un rol activo en la detección y judicialización de expresiones de odio antisemita, tanto en entornos académicos como en plataformas digitales.
En el caso de Villa María, fue la organización quien identificó las publicaciones, radicó la denuncia ante la Justicia Federal y solicitó medidas ante la propia universidad.
En enero de 2024, el gobierno de Javier Milei disolvió el INADI mediante decreto, desmantelando el organismo estatal históricamente encargado de recibir y gestionar denuncias por discriminación.
En ese vacío, organizaciones como la DAIA asumen un rol cada vez más protagónico en la detección y judicialización de estas conductas, aunque su alcance se limita a la comunidad que representan. Sería interesante que también lo hicieran con discriminación a otras minorías permanentemente atacadas desde redes sociales.
