Lainvestigación judicial contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz dio un nuevo giro en las últimas horas. Ambos, detenidos desde fines de diciembre, fueron imputados por otros cinco episodios de violencia sexual que habrían tenido como víctimas a dos mujeres distintas de las denunciantes originales.
Los nuevos hechos se suman a una causa ya de extrema gravedad: la pareja había sido procesada previamente por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, en al menos cuatro episodios ocurridos entre 2015 y 2019. Con esta ampliación, el expediente adquiere una dimensión aún mayor y expone un patrón reiterado de conductas abusivas.
Según consta en las actuaciones judiciales, uno de los nuevos ataques denunciados habría ocurrido dentro de una oficina del Senado bonaerense, lo que derivó en la apertura de un expediente paralelo para determinar responsabilidades y eventuales encubrimientos dentro del ámbito institucional.
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La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, sostiene que los acusados habrían conformado una estructura cerrada denominada “La Orden de la Luz”, con características propias de una secta coercitiva. De acuerdo con los testimonios recolectados, Rodríguez se autoproclamaba como una entidad divina bajo el nombre de “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol clave en la captación, adoctrinamiento y control de las víctimas.
Las denunciantes relataron un esquema sostenido de manipulación psicológica, violencia física, abusos sexuales reiterados y amenazas constantes. También describieron castigos corporales, dependencia económica y un sistema de control que impedía abandonar el grupo sin temor a represalias.
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En paralelo, la Justicia avanza con medidas clave: el próximo 22 de enero está prevista la apertura y peritaje de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Para los investigadores, ese material podría ser determinante para reconstruir la red de contactos y la magnitud real de los hechos.
Las estimaciones preliminares indican que podría haber al menos 20 víctimas, algunas de ellas menores de edad al momento de los abusos. Muchas aún no formalizaron denuncias, pero podrían aportar información como testigos en las próximas etapas del proceso.
Mientras tanto, la fiscalía deberá resolver en los próximos días si solicita la prisión preventiva de los acusados, en una causa que no deja de crecer y que ya sacude con fuerza al ámbito político e institucional de la provincia de Buenos Aires.
