Un hecho poco frecuente dentro del agitado clima político argentino envuelto en una confrontación permanente con ribetes circenses -como los que se vieron en la jura de los nuevos legisladores- ocurrió, también, en la semana que termina: el juez Federal Ernesto Kreplak, que había sido cuestionado por el oficialismo en todas sus versiones en el arranque de la investigación por las muertes por fentanilo, terminó pulverizando la grieta. Una rareza que cuesta encontrar en un país donde la disputa política más enardecida gira alrededor de polémicas en torno al Poder Judicial, antes que sobre posicionamientos políticos en términos ideológicos
El cierre de la investigación que elaboró la Comisión de Diputados sobre uno de los hechos más trágicos de la historia argentina, moderado en la percepción de la opinión pública solo por el rol de los principales medios que jugaron a esconder el escándalo para no complicar la performance electoral del Gobierno en un año clave para la integración del nuevo Congreso, dejó una comentada fotografía: la que muestra al Juez de la Causa en el centro de la escena, rodeado de legisladores de todos los colores políticos. Un variopinto espinel ideológico con figuras fuertemente enfrentadas entre sí.
La imagen, destacada por su tono transversal y plural, fue interpretada como un gesto de valoración a la labor judicial desarrollada en el expediente, particularmente sensible, marcado por la complejidad técnica, la crudeza del delito y la disputa política en torno a acusaciones cruzadas por la responsabilidad política de las muertes que podrían haberse evitado.
En la imagen conviven, con gesto de satisfacción por la labor culminada y de aprobación por la tramitación de la causa, legisladores kirchneristas junto a figuras reconocidas del universo furiosamente anti-k; mezclados con representantes de la nueva polarización surgida de las entrañas del mileísmo, como Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Todos, posando junto a la figura de un juez. Ficción pura para la relación actual entre política y justicia en Argentina.
La imagen es potente porque desactiva la narrativa del enfrentamiento permanente: demuestra que, ante investigaciones de gravedad y sensibilidad social, aún es posible un punto de coincidencia basado en el profesionalismo y la búsqueda de verdad.
Más allá del acto puntual, el reconocimiento a Kreplak funciona como una señal de que ciertos consensos institucionales siguen siendo posibles. No se trata -como remarcan los propios diputados- de un apoyo político, sino del reconocimiento a una labor judicial seria, en una causa que exige rigor, prudencia y perspectiva humana, y que arrancó cargada de sospechas cruzadas.
En el Congreso donde las diferencias ideológicas suelen cristalizarse en confrontaciones diarias, que figuras tan diversas hayan confluido para destacar el trabajo de un magistrado es, sin duda, un gesto excepcional.
En el cambiante tablero político, el viraje de Silvana Giudici resulta especialmente elocuente: quien había iniciado la ofensiva para apartar al juez Ernesto Kreplak terminó reconociendo el rigor profesional de la investigación. Un giro que expone tanto la fragilidad de los posicionamientos originales surgidos al calor de la disputa política, como la solidez institucional del proceso judicial que investiga el hecho.
Esa misma línea fue reforzada por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sorprendió al admitir que hablaba “permanentemente con Ernesto Kreplak” sobre la tramitación de la causa mientras admitía su “confianza en que está haciendo las cosas bien”.
“Si él siente algo se apartará”, había dicho la funcionaria oficialista, ahora flamante senadora de LLA, para apaciguar las voces de algunos integrantes de su propio espacio que impulsaban la recusación del Juez por su vínculo familiar con el titular de la cartera de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, su hermano.
La función del Poder Judicial en un Estado de Derecho sólo puede comprenderse plenamente cuando se despeja el ruido político que suele envolver cada decisión sensible. En sociedades altamente polarizadas como la argentina, es habitual que los fallos o investigaciones se interpreten como victorias o derrotas partidarias, cuando en realidad su razón de ser debería ser estrictamente institucional: aplicar la ley, garantizar derechos y actuar como contrapeso frente a los otros poderes.
Reducir la Justicia a un campo de batalla ideológica no sólo distorsiona su sentido, sino que erosiona la confianza pública en su imparcialidad, un elemento esencial para que la ciudadanía perciba que las reglas son parejas para todos.
Justamente por eso, la independencia judicial es uno de los pilares más delicados del sistema democrático. Allí donde los posicionamientos partidarios condicionan la lectura del trabajo de jueces y fiscales, se debilita la arquitectura misma del Estado de Derecho.
Eso, no obstante, no niega la necesaria depuración del Poder Judicial ni acalla las justificadas críticas por la actuación de algunos magistrados que ponen en evidencia cierta tendencia en sus decisiones con fallos que se parecen más a un carnet de pertenencia política partidaria, que a la expresión de un Poder independiente que debería honrar el símbolo de los ojos vendados que los representa. Alguna vez, el análisis serio de la situación jurídica argentina tendrá que reparar en un dato elocuente que alimenta las sospechas sobre el sistema judicial en su conjunto: la mayoría de las condenas en causas que involucran actores políticos, caen siempre para el mismo lado, mientras las otras duermen el sueño de lo definitivamente injusto.
La salud de la democracia depende de que la sociedad pueda distinguir entre la disputa política legítima, contingente y sujeta a cambios, y la función judicial estable, previsora y regida por normas que trascienden coyunturas.
Sólo cuando se logra separar esas esferas se vuelve posible evaluar con claridad la actuación del Poder Judicial, exigirle profesionalismo y rigor, y al mismo tiempo defenderlo de las presiones que pretenden torcer su mandato constitucional.
La imagen de dirigentes políticos de todos los colores posando con un juez que se ganó la confianza de un lado y del otro en el centro de la escena funciona como un recordatorio visual de que aún existe margen para separar las lógicas partidarias del análisis sereno sobre el rol del Poder Judicial en las democracias modernas.
Lejos de contaminar la función judicial, esa postal puede leerse como un gesto que refuerza la idea de una justicia independiente, situada en el lugar institucional del que nunca debió salir en la percepción pública: equidistante del poder político, cercana a la ley y garante de los principios que sostienen el Estado de Derecho.
