En una sesión marcada por tensiones políticas, escándalos recientes y la licencia pedida por José Luis Espert, los libertarios lograron evitar una derrota total en la Cámara de Diputados. A pesar de que la oposición consiguió aprobar por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones una ley que restringe con dureza la capacidad presidencial de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), un artículo clave fue rechazado y el proyecto deberá volver al Senado, lo que le da aire al oficialismo y posterga un eventual veto presidencial.
En los días previos, desde la Casa Rosada se había filtrado que Javier Milei vetaría la norma, argumentando que ponía en riesgo la gobernabilidad. Por eso, en el oficialismo celebraron que el trámite legislativo se prolongue más allá de las elecciones. El cálculo político apunta a ganar tiempo y evitar un golpe institucional antes de los comicios, con la expectativa de recomponer puentes con gobernadores y ex aliados una vez que concluya la campaña.
La ley, que había sido sancionada en el Senado con un amplio consenso, desde sectores del radicalismo hasta algunos referentes del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006, impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner. El texto establece que ambas Cámaras deben pronunciarse sobre la validez de los decretos para que sean ratificados, cuando hoy basta con la aprobación de una sola. Esto implicaría que la oposición necesitaría una mayoría simple en cualquiera de las dos Cámaras para invalidar un DNU.
El punto que se cayó fue el artículo 3, que imponía un límite de 90 días corridos para que el Congreso trate los decretos, bajo pena de que pierdan validez si no eran abordados en ese plazo. También se fija que cada DNU debe referirse a un solo tema, con el fin de evitar los decretos “ómnibus” como el 70/23, que modificó cientos de leyes en distintas áreas.
El diputado libertario Álvaro Martínez denunció que la reforma busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” y acusó al peronismo de actuar “por puro oportunismo político”. En tanto, Damián Arabia, referente del PRO, sostuvo que “cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU” y agregó: “Ahora quieren cambiar una ley que estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan”. Arabia advirtió, además, que la oposición está preparando un “bloque institucional” para después de las elecciones, ya que “si no gobierna el peronismo, no quieren que gobierne nadie”.
Desde la UCR, Martín Tetaz coincidió en que la ley actual “es mala”, aunque propuso que cualquier reforma recién entre en vigencia en 2027. “Lo ideal sería tener esta discusión a fines del 2026, sin saber quién va a gobernar a partir de 2027”, planteó. Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue más enfático: “Los decretos han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender. Si nosotros no ponemos un límite, esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente”.
En el oficialismo confían en que el Senado terminará ratificando el texto original, aunque reconocen que la discusión quedó, por ahora, postergada. El desenlace final se dará recién después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto político cada vez más enrarecido y con el Gobierno decidido a defender su poder de decisión frente a un Congreso adverso.
