Un nuevo revés judicial echó por tierra la avanzada del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo para privatizar el Banco Nación.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la medida cautelar que suspende el DNU 116/2025 e impide la conversión de la entidad bancaria en una sociedad anónima.
Así lo definió la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, quien convalidó lo actuado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en primera instancia.
La demanda había sido impulsada por trabajadores de la entidad con el apoyo de la Asociación Bancaria como “amicus curiae”, en la que pidieron que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348” así como contra “todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización de esa entidad bancaria”
Los fundamentos de la Justicia contra el DNU de Milei
Sostuvo la Cámara Federal que los demandantes se encontraban legitimados para concurrir a la justicia a los fines de “cuestionar la regularidad constitucional de un decreto que transforma una entidad autárquica gobernada por el derecho público -que es su empleadora- en una sociedad anónima”.
Asimismo, se destacó que la pretensión “fue acompañada por una entidad gremial de primer grado que ejerce la representación de 17.400 afiliados en el país” indica el sitio especializado Palabras de Derecho.
Recordaron que “la privatización del Banco de la Nación Argentina fue objeto de exclusión del proyecto originario -remitido por el Poder Ejecutivo- que culminó con la sanción de la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Y consideraron que el apartamiento “autoriza a concluir que el Congreso difirió a su juicio futuro examinar o no la modificación de la condición jurídica del Banco de la Nación Argentina establecida por ley” y que “el trámite parlamentario da cuenta, entonces, de que el Congreso de la Nación no incluyó a dicha institución entre las entidades privatizables” dijeron.
Puede afirmarse que el Poder Ejecutivo se ha atribuido una competencia que el Congreso no le ha delegado
Y sentenciaron: “La delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no pueden aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza”.
