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Este martes al anochecer, los ediles de Brandsen votarán un proyecto que divide aguas: la instalación de dos centrales termoeléctricas en plena Ruta 2, a metros de escuelas rurales y humedales.
La empresa SCC Power (antes Araucaria Energy) asegura que serán plantas “eficientes y modernas”. Pero los vecinos, respaldados por abogados ambientalistas, tienen pruebas de que el mismo proyecto ya fue judicialmente frenado en Pilar por su impacto irreversible.
Los números que alarman
- 245 hectáreas de humedales y suelo productivo afectados.
- 4,5 millones de litros de agua por día consumidos (equivalente a lo que utiliza una ciudad como La Plata).
- 2 subestaciones que modificarán el paisaje de campos y arroyos.
Lo que la empresa no cuenta
En una reunión con el Concejo, los voceros de SCC Power pintaron un cuadro idílico: “Usaremos gas natural, tecnología de punta y bajo consumo hídrico“.
El equipo promotor de la instalación de la central realizó esa conferencia informativa en el Concejo Deliberante de Brandsen. Allí indicó que se trata de “una planta «picker», diseñada para generar electricidad de forma rápida y eficiente, ideal para complementar las energías renovables, que funcionará a gas natural con tecnología que minimice el impacto ambiental y un consumo de agua limitado”.
Pero el abogado Fabián Maggi, representante de los vecinos, desmenuza el discurso empresarial:
- El término “Picker” no es sinónimo de limpio: “Son plantas obsoletas, que Europa está desmantelando. Usan gas, sí, pero también diésel como respaldo. Y el gas sigue siendo fósil: contamina y acelera el cambio climático“.
- El agua, en riesgo extremo: “No solo la consumirán: al rellenar y compactar el suelo para construir, bloquearán la recarga natural de las napas. Brandsen depende de ese agua para vivir y producir“.
- El antecedente Pilar: “Presentaron el mismo estudio de impacto ambiental que en 2019, cuando les ordenaron retirarse. ¿Por qué creerles ahora?“.
La ordenanza 1236: un muro legal
Brandsen no es un municipio cualquiera. Tiene una ley local que protege sus humedales (ordenanza 1236), basada en tratados internacionales. Maggi, en diálogo con el medio local “Grassi.com” expresó contundente: “Aunque el Concejo apruebe el proyecto, será ilegal. La Corte Suprema ya falló: no se puede retroceder en protección ambiental“.
El concejal de LLA, Jonathan Roldán anticipó que no acompañará el cambio de uso de suelo para permitir la radicación de las termoeléctricas.
Explicó en el medio “InfoBrandsen” que su decisión se debe a la falta de informes técnicos concluyentes sobre el impacto ambiental, el consumo de agua y los niveles de contaminación.
Aunque dejó abierta la puerta a seguir estudiando el proyecto y para eso debe volver a comisión. Si esto no sucede fue claro: “Si se vota el martes, mi voto será negativo. No vamos a aprobar algo sin estar 100% seguros de su impacto en la comunidad”.
El juego sucio
- Audiencia pública “fantasma”: La empresa y el municipio insisten en que no es obligatoria. Pero la Ley 25.675 y el Acuerdo de Escazú exigen participación ciudadana antes de cualquier cambio de uso de suelo. “Quieren evitar que la gente vea los informes técnicos“, acusa Maggi.
- Desinformación: “Dicen que no es la misma planta de Pilar, pero los documentos tienen idénticas firmas y fallas. Hasta las fechas coinciden“.
Los vecinos: “No nos rendimos”
En Las Golondrinas, Gómez y parajes aledaños, la resistencia es palpable. Cortes de ruta, asambleas bajo árboles y pasillos del Concejo tomados son la respuesta a lo que llaman “un ecocidio disfrazado de progreso”.
Voces del territorio:
- “Somos agricultores. Sin agua, no hay tomates, no hay leche, no hay futuro” (Juan, productor de Gómez).
- “En Pilar les dijeron NO. ¿Por qué Brandsen tendría que ser el basurero industrial de Buenos Aires?” (Ana, maestra rural).
Este martes, volverán a marchar. No solo por ellos: “El Arroyo San Luis, que estas plantas contaminarían, es tributario del Río de la Plata. Esto nos afecta a todos“, advierten.
¿Qué pasa si gana la empresa?
Maggi no duda: “Iremos a la Justicia“. Las cartas sobre la mesa con una acción de nulidad, para tumbar la aprobación municipal.
Además realizarán una Denuncia penal: Por “incumplimiento de deberes” contra funcionarios. Y un amparo colectivo, apelando a fallos como el de Pilar y la ley de Glaciares.
La pregunta que Brandsen debe responder
¿Energía para quién? Las termoeléctricas no abastecerán al pueblo, su electricidad irá al sistema interconectado nacional. “Es un negocio privado con costos públicos: nuestro agua, nuestro suelo, nuestra salud“, resume Maggi.
Mientras el país debate cómo generar energía sin incendiar el futuro, Brandsen es hoy el espejo de una disyuntiva nacional: desarrollo de papel o vida concreta.
Si el proyecto avanza, será el primer caso en que una planta rechazada por la Justicia se reinstala en otro municipio. Un peligroso antecedente.
