Con la doble intención de hacer colaborar a la política y a los empresarios, el intendente de Castelli, una localidad distante a 200 kilómetros de La Plata, creó un “fondo de emergencia” que se constituye con parte del sueldo de los funcionarios y de los sectores con mayor capacidad económica del distrito, que son los productores agropecuarios.
Para eso implementó una “contribución especial”, con afectación específica y que se cobra una sola vez, proporcional a la capacidad de cada contribuyente y con un valor de entre 9 y 36 mil pesos. Lo recaudado, junto al 30 por ciento del salario de la planta política, será manejado exclusivamente por el Secretario de Salud local, y se destinará a los gastos que demanda la atención de la pandemia de COVID 19.
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Claro que prontamente llegó la polémica. Desde la oposición evitaron convalidar el decreto en el Concejo Deliberante, pero, además, los ecos llegaron a la Legislatura. En la Cámara de Diputados, el siempre polémico Luciano Bugallo se presentó ante la Comisión Federal de Impuestos para impugnarlo, toda vez que, dijo, “se trata de una doble imposición tributaria”, por lo cual, aseguró, es “ilegal e inconstitucional”.
Bugallo, que responde a Elisa Carrió, presentó mediáticamente su queja como una “denuncia”, pero se equivocó de ventanilla, y se embarcó en una defensa sectorial con tintes marcadamente políticos: dijo que la presión tributaria “asfixia al campo” a pesar de que “sigue produciendo para que el país tenga alimentos en sus casas mientras nuestros compatriotas hacen cuarentena”.
Además aseguró que el decreto de creación de la tasa no fue “refrendado ni convalidado por el Concejo”, lo cual es una inexactitud, ya que el HCD sesionó y dio su aval. Fuentes municipales confirmaron además que la próxima semana, la medida será tratada por la Asamblea de Mayores contribuyentes.
Incluso CARBAP emitió un comunicado en el que, dijo, “rechaza y ve con preocupación la actitud oportunista del intendente Francisco Echarren del municipio de Castelli” por cuanto, consideró, se ha excedido “sus competencias, atribuciones y deberes”.
En diálogo con INFOCIELO, Echarren defendió la medida, aseguró que tiene el apoyo de los productores rurales, que se ofrecieron a colaborar voluntariamente, y habló de una “falsa denuncia” de parte de Bugallo. También señaló que los contribuyentes pueden solicitar la eximición e incluso que el fondo tiene “garantía”: si no se emplea, se devuelve a los contribuyentes.
“No quiero distraerme más con esta gente. Mi prioridad y lo que me desvela es la salud de mi gente”, dijo, tras lo cual le bajó el precio a la denuncia: “Son dirigentes políticos del macrismo que se disfrazan de productores y hacen política en el peor momento. En Castelli estamos unidos, el campo nos apoya y vamos a trabajar para que la pandemia nos afecte lo menos posible”.
Luciano Bugallo.
Más allá de los cruces políticos, hay una cuestión técnica que vale la pena marcar, y que tiene como fondo el siempre espeso debate en torno a la autonomía plena que reclaman los municipios y que está consagrada en la Constitución nacional, pero no en la de la Provincia, generando un abismo legal.
El especialista en derecho municipal Iván Darío Tenaglia -una autoridad en la materia, ex Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Asesoría General de Gobierno y profesor titular en las varias universidades, con más de 15 libros publicados- dio, en diálogo con este portal, algunas consideraciones respecto de las facultades de los municipios, especialmente en el marco de una emergencia como la que representa la amenaza del coronavirus.
En ese sentido, remarcó que las comunas tienen “potestad tributaria local” y que su impugnación se debe dar en el ámbito de los Concejos Deliberantes o dentro de la Justicia. “Es potestad de un juez definir -a pedido de parte legitimada, es decir la que sufre un perjuicio- si un tributo es confiscatorio, arbitrario, si fue hecho fuera de procedimiento”, señaló. También subrayó que la Comisión Federal de Impuestos -órgano al que acudió Bugallo- tiene un “dudoso” alcance sobre los municipios, que, a diferencia de las Provincias y de la Nación, no están adheridos al convenio multilateral con ese ente.
Además, explicó que se debe tener en cuenta la situación de “necesidad y urgencia ante una fuerza mayor” ya que los municipios, como la Provincia, deben “cubrir el derecho a la vida y a la salud, que están legislados en la Constitución”. “Los enfermos, sean desde la prevención o desde las terapias que deben recibir, se atienden en el hospital municipal”, razonó.
Por eso, dijo, ante un hecho “extraordinario” como es la pandemia, “los intendentes tienen legítimamente, con los Concejos, en ejercicio de la soberanía popular y de su representatividad, el ejercicio de sus poderes legales”. Por último, señaló que, en el caso puntual de Castelli, ni siquiera está vigente la contribución y mucho menos se ha empezado a cobrar, con lo cual resulta prematuro cualquier planteo judicial.
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