La megaobra del Polo Judicial de Olavarría que quedó paralizada durante la gestión de María Eugenia Vidal ya tiene fecha de reactivación, lo que representa el inicio del fin de un largo derrotero de idas y vueltas en la ciudad del centro de la Provincia.
El hecho ocurrirá el próximo 29 de mayo, cuando autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires volverán a poner en marcha las actividades para concluir con el enorme complejo. En 2018, la construcción quedó paralizada ante la proliferación de denuncias de corrupción y sobreprecios detectadas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
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Como anticipó Infocielo, la reactivación del Polo Judicial -que se había prometido como un ícono de la modernización- fue incluida en el Presupuesto 2023 y, con su aprobación en la Legislatura a mediados de diciembre, quedó lista para volver a activarse.
La inversión representa 700.000.000 millones de pesos y es, por lejos, la principal obra que el gobierno provincial llevará a cabo en la localidad del centro bonaerense. Para comparar, solo cabe mencionar que inversión global para el 2023 de la provincia en el distrito gobernado por Ezequiel Galli es de 865.338.684 millones de pesos.
En una visita a Olavarría, el propio gobernador Axel Kicillof aseguró que esta obra era “prioridad” dentro de las de los polos judiciales que deben concluirse. “Hubo un trabajo del ministerio de Justicia con Julio Alak y permitió comenzar a destrabar la situación. Ya estamos en condiciones de avanzar, tenemos interés de hacerlo”, dijo.
La historia y los detalles del Polo Judicial que la Provincia reactivará en Olavarría
Ubicada en pleno microcentro de Olavarría – frente a la plaza Álvaro Barros-, sus orígenes se remontan hasta la gestión del exintendente José Eseverri. El exalcalde tomó la decisión política de ceder la sede del Corralón Municipal para la construcción de un nuevo edificio judicial.
La premisa era optimizar el funcionamiento del Poder Judicial en un lugar común que albergara al Fuero Civil y Comercial, Fuero Penal, Fuero Laboral, Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil y Fuero de Familia.
Los primeros cimientos se levantaron en tiempos de la gestión del actual intendente Ezequiel Galli y de la exgobernadora María Eugenia Vidal. La obra contaba con un presupuesto inicial de 425 millones de pesos y un tiempo de ejecución de unos 700 días.
Bricons SAICFI, una firma beneficiada con la obra pública en Capital Federal y señalada como una de las empresas aportantes en la campaña presidencial de Mauricio Macri, obtuvo la licitación y avanzó con la construcción durante dos años.
En 2019, paralizó la ejecución en reclamo de la actualización de precios. Alegaba una devaluación de la moneda durante el epílogo de la gestión de Cambiemos. De forma simultánea, se conoció una denuncia realizada por la Suprema Corte dirigida contra la gestión del por entonces ministro de Infraestructura bonaerense, Norberto Gigante, que detuvo por completo los trabajos, a raíz de una investigación iniciada en la Fiscalía General de La Plata.
En concreto, existían certificaciones de obra por un porcentaje mayor a los trabajos ejecutados (las inspecciones daban cuenta de un avance cercano al 60% cuando la realidad mostraba que la ejecución no superaba al 40%). Si bien en el ambiente es considerada como una práctica más habitual de lo que parece, no por ello resulta menos grave.
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