Hablar de horas clave en una toma de terrenos es prácticamente una redundancia, pero es lo que ocurre en Guernica a pocas horas de que venza la prórroga judicial para que la Provincia y las familias que ocupan el predio lleguen a un acuerdo de desalojo pacífico.
Andrés Larroque fue el que más trabajó en las negociaciones. El hombre de máxima confianza del gobernador Kicillof es uno de los ministros con más experiencia en la militancia y para éstas cosas lo llamó Axel cuando el presidente Alberto Fernández llevó a María Fernanda Raverta a la ANSES.
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Según precisó el Ministro, desde la carpa que instalaron en el predio lograron concretar 601 acuerdos con familias que ocupaban terrenos y requerían el auxilio del Estado para tener una solución habitacional en el contexto de la pandemia de coronavirus Covid-19. Según detallaron hoy en la conferencia de prensa del Comité Interministerial, el 80% de las familias que ocupaban originalmente el predio firmaron el acta.
¿Quiénes son el 20% restante, entonces? Según la cartera de Desarrollo, algunas familias junto a organizaciones de izquierda con interés político; y un puñado “punteros” con interés económico de acaparar y vender esos terrenos. Desde las organizaciones sociales desmienten que esto sea así y además manifiestan que están porque acompañan a varias familias que quedaron por fuera de los acuerdos, incluso algunas nuevas que se asentaron en Guernica cuando otras se fueron.
En la semana hubo un ultimátum por parte de la Provincia. “No habrá más prórroga” advirtieron a este medio el sábado pasado. Hoy, Larroque apuntó con el dedo: “Entendemos que no hay más margen para pedir nuevas prórrogas porque lamentablemente el tiempo que tuvimos fue obstruido por ciertos actores que jamás quisieron colaborar”.
La brecha que separa ambas posiciones es fina, pero parece irreconciliable. La Provincia se hizo cargo como Estado de la problemática, a la que abordó de diferentes ejes y propuso soluciones en el corto y largo plazo. Las organizaciones de izquierda, por su parte, entienden que no son suficientes y reclaman una solución inmediata: “tierra por tierra, y que se suspenda el desalojo”, señalaron a INFOCIELO desde el MST. Además, están molestos porque entienden que la Provincia se cobijó bajo la instrucción del juez y del fiscal, y que éstos actuaron a interés del Municipio. Que el predio que ocupan no tiene dueño, y que el desalojo se haría bajo la denuncia de una empresa que no tiene los papeles del mismo.
Desde la administración de Kicillof no están en la misma sintonía. Creen que el esfuerzo lo realizaron, que se ocuparon de la problemática, que dialogaron un mes entero con las familias, y que les ofrecieron todo lo necesario para levantar la toma. Pese a eso, hoy la ministra de Gobierno, Teresa García, reconoció que la mayoría no son soluciones inmediatas sino que tendrán una demora de al menos 30 días para concretar los 3.000 lotes con servicios que prometieron a los vecinos de Presidente Perón, y de por lo menos seis meses hasta que avancen con la propuesta de fondo: la entrega de lotes con servicios que anunció el Gobernador bajo el megaplan de hábitat.
No hay que perder el horizonte de que la definición de la toma en Guernica será paradigmática para el Gobierno bonaerense: es la más grande y mediática de las más de 1.800 tomas de terrenos que hubo en todo el territorio bonaerense en lo que va del año. Varias de ellas se mantienen activas, a la espera de una resolución judicial. Un paso en falso se puede convertir en un nuevo y verdadero dolor de cabeza para Axel Kicillof, justo cuando pareciera haber domado el problema central.
Ya no es un secreto que el Ministerio de Seguridad de Sergio Berni prepara el operativo desalojo. Aunque le indicaron a INFOCIELO que todavía no hay fecha confirmada, a partir de mañana el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta tiene la potestad de pedir que se haga efectiva la orden que dictó el juez del Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, y que ya se aplazó en dos oportunidades.
Hoy, pocos minutos después de que los principales ministros de Kicillof -de los que tienen injerencia directa en el tema, sólo faltó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, porque debió asistir a la legislatura- expusieran todo el trabajo en Guernica y el avance integral sobre la toma de tierras en la Provincia; y llamaran a la reflexión a las organizaciones políticas y sociales de izquierda, las mismas se reunieron en Plaza de Mayo y le entregaron una carta al presidente Alberto Fernández en la que pidieron que intervenga para frenar el operativo desalojo. Ahora volverán a Guernica y comenzarán una vigilia que incluirá piquetes en varios puntos de Capital Federal y los accesos.
La instancia judicial está prácticamente agotada. El abogado de la Gremial de Abogados, Eduardo “Negro” Suárez, representa a las familias y señaló a INFOCIELO que “judicialmente lo único que resta es hacer la resolución de desalojo que dictó el Juez hace ya como un mes, a partir de mañana el fiscal tiene 15 días para resolver qué días pueden llevar adelante el desalojo”. Aunque presentaron tres recursos que podrían frenar la intervención de la Policía Bonaerense, uno ante el Tribunal de Casación y dos ante organismos internacionales: El Comité de Niñez de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Ambos deberían hacerse efectivos antes del desalojo, lo que hoy parece muy poco probable.
El Gobierno provincial no quiere que los títulos de mañana -o de alguno de los quince días de plazo para el desalojo- sean “represión en Guernica” y hoy todos los ministros y ministras que participaron del Comité Interministerial hicieron énfasis en el llamado a la reflexión. “Nos quedan algunas horas. Creemos y apostamos a la resolución pacífica de este conflicto”, remarcó Andrés Larroque. Sin embargo, puertas adentro sienten que el diálogo está agotado y que las organizaciones de izquierda no tienen la intención de llegar a un acuerdo favorable.
La referente del MST, Celeste Fierro, contó a INFOCIELO que fueron convocados por la administración provincial a una nueva reunión para mañana. Sería la última, en un contexto de ultimátum y tensión. Si no llegan a un acuerdo, el desalojo parece inevitable.
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