La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires intimaron, a través de un acta, al colegio privado Magno de Pilar a dar marcha atrás con la quita de la matrícula a ocho estudiantes con discapacidad.
El hecho ocurrió en la institución de Villa Rosa, donde ocho familias recibieron la información que sus hijas e hijos no serían rematriculados para el ciclo lectivo 2023. Según dijo el padre de uno de los niños a los medios, desde el colegio les marcaron que la presencia de este grupo de chicos “baja la vara de la escuela”.
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Según la cartera educativa, a cargo de Alberto Sileoni, esa disposición incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo, tanto de gestión privada como estatal, como así también “con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa”.
Asimismo, explicaron que en los artículos 4 y 5, entre otros, la ley prescribe la responsabilidad de la Provincia a través de la DGCyE de “proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes”. A ello se agrega el Decreto reglamentario 552/12, que establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento.
Por eso, las máximas autoridades de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada de la DGCyE se hicieron presentes en la institución el día martes 11 de octubre y labraron un acta en la cual intimaron al Colegio Magno a retrotraer la decisión de no matriculación en el plazo de 48 horas, para resguardar el interés superior de las niñas y los niños.
“La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires tiene la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión, que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado. En una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante”, sentenciaron.
Además, agregaron que en cada una de las instituciones educativas de la Provincia “se trabaja diariamente en la construcción de los vínculos y en el respeto hacia las y los otros, promoviendo la convivencia, la contención y la integración”.
Sobre el caso también se expresó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien también sostuvo ante Estudio 2 que “esto no es un derecho de admisión, es vulnerar derechos internacionales”, a lo que agregó que “la defensoria está a disposición, hemos tomado contacto con los padres y la decisión es que los niños sigan en el colegio y la escuela cumpla con los pactos internacionales”.
“Hubo reacción rápida del ministerio ante un caso que no amerita discusión porque es una sola mirada y camino; Este tema está atravesando a toda la sociedad”, señaló.
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