Durante meses montaron una puesta en escena tan sencilla como efectiva: se vestían como trabajadores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), llegaban con una hidrogrúa, mostraban una orden de retiro y se llevaban transformadores valuados en miles de dólares. El destino final no era un depósito oficial, sino galpones donde los desarmaban para vender el cobre.
El último integrante de la banda que faltaba juzgar, Joel Andrés Espíndola, fue condenado este martes a cuatro años de prisión efectiva. El juez Estanislao Surraco lo declaró responsable como miembro de una asociación ilícita y por su participación en robos agravados, de acuerdo con la acusación presentada por el fiscal César Pierantoni.
La organización estaba formada por siete personas y actuó entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. En ese período concretó tres robos de transformadores en Rosario y Funes, e intentó sustraer un cuarto equipo. Los otros seis acusados ya habían sido condenados mediante procedimientos abreviados.
Una maniobra diseñada para no despertar sospechas
Espíndola cumplía un papel clave. Se presentaba como trabajador de la EPE, contactaba a empresas de hidrogrúas y entregaba documentación apócrifa para justificar el retiro de los aparatos. También utilizaba identidades falsas y coordinaba los recorridos con los choferes, quienes desconocían que estaban participando de un robo.
El despliegue parecía legítimo. Los transformadores estaban instalados a unos tres metros de altura, pesaban cerca de 2.000 kilos y requerían maquinaria especializada para ser trasladados. Una vez retirados, eran llevados a depósitos donde la banda los desarmaba para extraer el cobre y comercializarlo ilegalmente.
Tres golpes y equipos valuados en miles de dólares
El primer robo ocurrió el 30 de noviembre de 2023, en Virasoro y Río de Janeiro, en Rosario. Espíndola contrató una grúa y presentó una supuesta autorización para retirar un transformador Fohama de 630 KVA, valuado en unos 20.300 dólares.
El conductor comenzó a sospechar cuando le cambiaron el destino durante el recorrido y le indicaron que llevara el aparato a un depósito de barrio Acindar.
El segundo hecho se produjo el 20 de febrero de 2024, en Sarmiento al 3000. Bajo el nombre de “Goro”, Espíndola aseguró que debía retirar un transformador quemado. El equipo terminó en un inmueble de Avellaneda al 4800.
La tercera maniobra fue el 27 de marzo, en Tomás de la Torre y Los Gladiolos, en Funes. Esta vez utilizó el nombre de Alejandro Sivori para gestionar el traslado de un transformador de 315 KVA, valuado en aproximadamente 52.000 dólares.
Aunque los equipos no estaban conectados al momento de los robos, la Fiscalía sostuvo que las sustracciones afectaron el servicio eléctrico, ya que debían ser reemplazados y podían resultar necesarios ante un aumento de la demanda.
El operativo que terminó con la banda
El cuarto golpe estaba previsto para el 2 de mayo de 2024. El objetivo era un transformador ubicado en Cepeda al 400, en Rosario, que debía ser trasladado hasta un depósito de Pérez.
Pero la Fiscalía ya conocía el plan. Agentes de la Policía de Investigaciones siguieron el camión y detuvieron a los sospechosos cuando llegaron al galpón. Allí secuestraron el transformador, el vehículo y la documentación falsa utilizada para simular el retiro oficial.
El depósito tenía vencida la habilitación municipal para almacenar metales no ferrosos. En el interior también encontraron lingotes de aluminio y elementos utilizados para fundición. La intervención policial evitó que el aparato fuera desarmado.
Una banda con funciones definidas
La investigación determinó que cada integrante tenía una tarea específica. Leandro Andrés Romero, medio hermano de Espíndola, fue señalado como jefe de la organización. Elegía los transformadores, coordinaba el pago de las grúas y definía el destino de los equipos.
Su relación laboral con una cooperativa que prestaba servicios de mantenimiento a la EPE le habría permitido saber qué aparatos podían retirarse sin causar una interrupción inmediata del suministro.
Kevin Astudillo, en tanto, recibía los transformadores y se ocupaba de su reducción. Los tres equipos robados fueron trasladados a un depósito contiguo a su vivienda, en Avellaneda al 4800.
Al dictar la condena, el tribunal valoró la intervención directa de Espíndola en la planificación de los golpes, la contratación de las hidrogrúas y el uso de nombres, credenciales y órdenes falsas.
Además de imponerle cuatro años de prisión, la Justicia ordenó decomisar formularios, mamelucos, teléfonos celulares y el Renault Clio utilizado durante las maniobras. Con su condena quedó cerrada la situación judicial de los siete integrantes de la banda.


