La Empresa Provincial de la Energía (EPE) quedó nuevamente en el centro de la discusión política en Santa Fe luego de una denuncia por embargos de salarios a trabajadores que mantienen deudas por el servicio eléctrico.
El planteo fue realizado por el diputado provincial Marcos Corach, quien durante una sesión de la Cámara de Diputados exhibió el caso de un trabajador de Rosario al que se le reclama judicialmente una deuda superior a $1,86 millones.
Según sostuvo el legislador, la situación se produce en un contexto en el que la morosidad de los usuarios de la EPE prácticamente se duplicó durante el último año, mientras las familias santafesinas enfrentan fuertes aumentos en las tarifas y una creciente presión sobre sus ingresos.
Críticas a la política de cobro de la EPE
Corach cuestionó que la empresa estatal recurra a la vía judicial para recuperar las deudas y sostuvo que, antes de avanzar con embargos, deberían ofrecerse alternativas de refinanciación y planes de pago.
El legislador apuntó especialmente contra el impacto que una medida de este tipo puede tener sobre los trabajadores y sus familias.
En ese sentido, sostuvo que, frente al incremento de las tarifas y el deterioro de los ingresos, la respuesta de una empresa pública debería priorizar mecanismos que permitan regularizar las deudas antes que avanzar directamente con acciones judiciales.
El caso que presentó corresponde a un expediente iniciado en Rosario, en el que la EPE habría solicitado un embargo sobre los haberes de un trabajador por más de $1.860.000.
Corach y De Ponti pidieron información al Gobierno
A partir de la denuncia, Corach y la diputada provincial Lucila De Ponti presentaron un pedido de informes para conocer cuál es la situación actual de la morosidad y cuántos procesos judiciales fueron iniciados por la empresa.
Entre los principales interrogantes planteados aparecen la cantidad de embargos a trabajadores, las notificaciones realizadas antes de iniciar los juicios y las alternativas de refinanciación ofrecidas a los usuarios.
Los legisladores también pretenden conocer qué tratamiento reciben los grandes deudores comerciales e industriales de la provincia.
La pregunta que atraviesa el planteo opositor es si la EPE utiliza los mismos mecanismos de cobro frente a grandes empresas y frente a los usuarios residenciales con dificultades para afrontar las facturas.
La morosidad de la EPE casi se habría duplicado
Uno de los principales argumentos de los legisladores es el crecimiento de la morosidad en el servicio eléctrico.
Según afirmó Corach, la cantidad de usuarios con deudas con la EPE casi se duplicó en un año. Para el diputado, el fenómeno debe analizarse junto con el incremento de las tarifas y las dificultades económicas que atraviesan los hogares.
El planteo opositor sostiene que el crecimiento de las deudas no respondería solamente a situaciones individuales, sino también a un escenario de mayor presión sobre las economías familiares.
En ese contexto, desde el peronismo santafesino reclaman herramientas extraordinarias que permitan a los usuarios ponerse al día con sus obligaciones.
Una moratoria que no avanzó en la Legislatura
El reclamo por los embargos tiene además un antecedente legislativo.
El interbloque peronista había impulsado una iniciativa para establecer una moratoria para deudas con la EPE y Aguas Santafesinas (ASSA).
La propuesta, impulsada por De Ponti, buscaba que usuarios residenciales y pequeñas empresas pudieran acceder a planes de pago para regularizar deudas acumuladas desde enero de 2024.
El proyecto contemplaba distintas alternativas para cancelar los montos adeudados, incluyendo la posibilidad de acceder a una reducción de determinados intereses y pagar mediante cuotas.
Sin embargo, la iniciativa no avanzó en la Legislatura provincial.
Endeudamiento familiar y servicios públicos
La discusión sobre las deudas con la EPE se da en paralelo con un escenario de creciente endeudamiento de los hogares.
Desde la oposición sostienen que muchas familias comenzaron a utilizar tarjetas de crédito, préstamos bancarios y billeteras virtuales para afrontar gastos cotidianos ante la pérdida de poder adquisitivo.
En ese escenario, las facturas de los servicios públicos también se transformaron en una fuente de deuda para numerosos hogares.
El planteo de los legisladores apunta así a determinar qué mecanismos utiliza el Estado provincial cuando un usuario no consigue afrontar el costo de la electricidad y si existe una instancia suficiente para regularizar la deuda antes de llegar a los tribunales.
Qué deberá responder el Gobierno
El pedido de informes presentado por Corach y De Ponti busca establecer la cantidad de juicios iniciados por la EPE, cuántos derivaron en pedidos de embargo sobre salarios y qué mecanismos de refinanciación fueron ofrecidos previamente.
También se pretende conocer cuál es el procedimiento utilizado por la empresa frente a sus principales deudores comerciales e industriales.
Por ahora, la denuncia de los diputados se encuentra a la espera de información oficial que permita determinar la dimensión real del fenómeno.
El caso del trabajador rosarino puso en primer plano una discusión que excede una deuda individual: qué ocurre cuando una familia no puede afrontar una factura de electricidad y la deuda termina en la Justicia.
Mientras la oposición reclama planes de regularización y refinanciación, la EPE deberá explicar cuál es su política frente a los usuarios morosos y cuántos casos similares existen actualmente en la provincia.
