En un comunicado de prensa, la entidad expresó su “alarma” frente a la decisión del máximo tribunal y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei había derogado mediante el DNU 70/2023 las restricciones establecidas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Según APYME, la decisión judicial representa un nuevo capítulo de la discusión sobre la extranjerización de tierras y la protección de los recursos nacionales.
Qué dijo APYME sobre el fallo de la Corte Suprema
La organización empresarial señaló que la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, sino que dejó sin efecto un fallo previo al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar una acción colectiva contra el artículo cuestionado.
Desde APYME consideraron que la resolución implica un “desamparo judicial” y cuestionaron que se hayan eliminado los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La entidad también recordó las movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país durante el debate del DNU 70/2023 y sostuvo que existió una demanda social para que el Congreso Nacional interviniera sobre la normativa.
La crítica de APYME al Gobierno de Milei
En su comunicado, APYME amplió sus cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno nacional. La organización sostuvo que el DNU 70/2023 afectó distintas normas vinculadas con las relaciones de producción y consumo, además de la protección de las cadenas productivas locales, la industria nacional y las PyMEs.
La entidad vinculó además la discusión por la Ley de Tierras con el debate sobre el modelo de desarrollo económico y productivo del país.
En ese marco, APYME cuestionó las posiciones expresadas por sectores empresarios durante el Coloquio de IDEA y afirmó que algunas propuestas apuntan a sostener durante las próximas décadas el actual rumbo económico.
El reclamo al Congreso por la Ley de Tierras
Frente al escenario planteado por el fallo de la Corte Suprema, APYME sostuvo que el Poder Legislativo todavía tiene la posibilidad de modificar o derogar la normativa.
“La derogación de una normativa que habilita la depredación del país y sus recursos” debe quedar, según la entidad, en manos del Congreso como representante de la voluntad popular.
Finalmente, APYME reclamó avanzar hacia un modelo de desarrollo que, según su posición, tenga como ejes la producción nacional, la democracia y la soberanía.
La discusión sobre la Ley de Tierras, la compra de tierras por extranjeros y los alcances del DNU 70/2023 vuelve así a quedar en el centro del debate político, económico y judicial.
