Tal como se adelantó la gobernadora María Eugenia Vidal remitió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aries un proyecto de ley para promover la competencia, ayudar a las PyMEs a colocar más productos en los supermercados y garantizar que los bonaerenses puedan elegir entre más de una marca por producto, acceder a mayor variedad y mejores precios.
El ingreso del proyecto del Ejecutivo provincial se da por el Senado donde el oficialismo no tendría mayores inconvenientes para tratarlo sobre tablas con la necesaria voluntad de dos tercios de los presentes en la sesión que ha sido convocada para mañana a partir de las 15 horas.
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La idea del Ejecutivo provincial es que los comercios que ofrezcan alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar adopten e implementen un código de buenas prácticas con sus proveedores, teniendo en cuenta los lineamientos que a tal fin serán establecidos en la normativa que se alienta para su sanción.
Entre los puntos principales de la iniciativa que podría tratar mañana el Senado provincial, se establece que estos comercios deben contar en sus góndolas con productos de no menos de 4 proveedores distintos por artículo.
Así, los de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas; vinculadas o integradas de cualquier manera; no deberán superar el 30% del espacio de cada góndola.
Además, se deberá destinar 10% de espacio para productos de PyMEs lo que permitirá asegurar la pluralidad de marcas y el acceso de estas últimas a nuevos canales de venta.
En este sentido, la iniciativa parlamentaria alcanza a mayoristas que no comercialicen sus productos exclusivamente, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.
Además, la ubicación en góndola deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal, que es la que más visibilidad brinda, durante el mismo tiempo que las demás.
Las sanciones para los establecimientos que se encuentren en infracción serán aplicadas según la gravedad de cada caso: apercibimiento, multa, decomiso, clausura o suspensión del Registro de Proveedores.
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