En una reciente entrevista brindada al programa Lado P por Infocielo Play, Cipriano García, abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, expuso una fuerte defensa sobre la permanencia de la telefonía celular en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. García, representante de un organismo de derechos humanos, aseguró que esta medida, implementada durante la pandemia, ha sido fundamental para la garantía de derechos fundamentales y la pacificación del sistema penitenciario.
Según el especialista, el uso de dispositivos móviles cambió la dinámica interna de las prisiones. García destacó que en el año 2013 se registraban aproximadamente 40 homicidios dolosos por enfrentamientos entre internos, mientras que en los últimos tres años esa cifra descendió a un promedio de cuatro muertes por año.
“La tasa de homicidios dentro de la cárcel igualó a la de afuera”, señaló, añadiendo que los propios directores de los 74 establecimientos penitenciarios relevados defienden la medida porque “pacificó la cárcel” al permitir que los detenidos estudien y mantengan contacto constante con sus familias.
Datos frente a la “sensación” de inseguridad
Ante los cuestionamientos sobre el uso de teléfonos para cometer delitos desde el encierro, García presentó datos de un relevamiento propio ante la falta de información oficial del Ministerio Público Fiscal. Según sus cifras, de los 49.000 teléfonos registrados en las cárceles provinciales, solo se detectaron 344 hechos investigados vinculados a delitos en un periodo de 15 meses.
Esto representa, según sus palabras, el 0,6% del total de usuarios. García utilizó analogías para explicar su postura: “Es como decir que, si una persona choca y mata a otra, saquemos todos los autos; o que le saquemos el arma a toda la policía por los casos de gatillo fácil”. Para el abogado, prohibir el acceso general por el mal uso de una minoría es un error en la formulación de políticas públicas.
El debate sobre la legalidad y el control
García enfatizó que los teléfonos autorizados bajo protocolo están debidamente registrados con su número de IMEI, lo que permite a la justicia rastrear e imputar rápidamente a quienes cometan ilícitos con ellos. Advirtió que, incluso si se prohibieran los teléfonos legales, los dispositivos ilegales seguirían ingresando como un negocio lucrativo, tal como ocurría antes de la pandemia.
Finalmente, calificó de “vendedores de humo” a los legisladores y sectores políticos que promueven la quita de celulares, acusándolos de desconocer los datos reales y de legislar basándose en el “mundo de las sensaciones” en lugar de evidencias estadísticas.
