El sistema educativo atraviesa un escenario de “fuerte contracción fiscal” que pone en jaque la sostenibilidad de las escuelas en el territorio bonaerense. Según el último reporte de la Universidad de Buenos Aires —UBA—, elaborado por equipos del IIEP UBA-CONICET y AFISPOP, el financiamiento nacional destinado a la educación registró una reducción sostenida que acumuló una “contracción real de 47,7% en el bienio 2024-2025”.
Para la Provincia de Buenos Aires, el impacto es doble: por un lado, el retiro de fondos nacionales por decisión de Javier Milei y de Luis Caputo; por el otro, la obligación de absorber el ajuste para evitar el colapso del sistema. El informe, publicado en el momento más tenso de la relación entre la Provincia y los gremios docentes, advierte que “parte del ajuste nacional habría sido asumido por las provincias”, las cuales incrementaron su peso relativo en el sostenimiento de las escuelas ante la deserción del Estado nacional.
La situación de Buenos Aires es paradigmática. El documento revela que nuestra jurisdicción destina una proporción elevada de sus recursos a la enseñanza, con una participación “cercana o superior al 30% en 2024” dentro de su presupuesto total. Sin embargo, ese esfuerzo no se traduce automáticamente en bienestar, ya que el gasto por alumno en suelo bonaerense se ubica debajo del promedio nacional debido a la magnitud de su matrícula y las economías de escala.
En contraste, la Ciudad de Buenos Aires —CABA— presenta una realidad opuesta: es la tercera jurisdicción con menor proporción de gasto asignado a educación (apenas el 18,2%), pero su disponibilidad de recursos le permite tener uno de los gastos por alumno más altos del país, alcanzando los “$3,4 millones en 2024”. Esta brecha se profundiza con el nuevo esquema nacional, donde “las diferencias en recursos fiscales, estructura económica y prioridades presupuestarias adquieren mayor relevancia”.
El fin del FONID y el hachazo a la educación técnica
Uno de los golpes más duros para el bolsillo de los docentes bonaerenses fue la “discontinuación del FONID a partir de comienzos de 2024”, lo que interrumpió un refuerzo histórico que compensaba las desigualdades salariales entre provincias. Sin estos fondos, los salarios en las jurisdicciones quedaron “más sujetos a las capacidades locales de financiamiento”.
A esto se suma la parálisis del Fondo de Compensación Salarial, que si bien sigue vigente por ley, no tuvo “ejecución presupuestaria en 2025 ni en lo que va de 2026”. Pero el ajuste no solo es salarial; también afecta al futuro productivo. El informe de la UBA denuncia que el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (ETP) recibió un recorte brutal: el nivel de financiamiento actual es un “97% inferior al valor que hubiera resultado de aplicar el esquema previo”.
La asfixia se completa con un desguace normativo. El Gobierno Nacional, a través de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, “anuló los compromisos normativos explícitos de financiamiento educativo”, incluyendo la histórica meta del 6% del PIB establecida en 2005.
“Su derogación, sin una regla alternativa que la reemplace, reduce la previsibilidad del financiamiento”, advierte el reporte coordinado por Javier Curcio y Florencia Simonini. Sin ese piso legal, la Provincia de Buenos Aires queda expuesta a la discrecionalidad de una administración central que ya redujo su participación en el gasto educativo total del 26,8% en 2023 a tan solo el 20,1% en 2024.
