El mismo día en que movimientos sociales realizaron una multitudinaria movilización en 50 ciudades del país para exigir al gobierno nacional medidas urgentes ante la pobreza y desocupación, un diputado de Cambiemos propuso quitarle los programas que brinda el Estado a aquellas personas que movilicen en la provincia de Buenos Aires. La propuesta, que roza la discriminación a los sectores más vulnerados por las políticas macristas implementadas e incluso la extorsión a organizaciones, generó polémica y rechazos.
El proyecto presentado por uno de los alfiles de Elisa Carrió en la Legislatura bonaerense establece que “toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas sea suspendida”.
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A su vez, expresa que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”. Sin embargo, impulsa sanciones para los movimientos sociales que realicen manifestaciones y señala que “las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”.
El ataque a los movimientos sociales, que contienen la demanda de los altos niveles de pobreza generado por el gobierno en los comedores comunitarios, se expresó con mayor fuerza cuando la iniciativa indica que “lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se politizaron al extremo y se transformaron en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país”.
Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes. pic.twitter.com/sEkiAOJz1M
— Guillermo Castello (@guillercastello) 13 de febrero de 2019
La controvertida propuesta que nace desde la Coalición Cívica, espacio al que también pertenece el ex piquetero y actual diputado nacional Héctor “Toty” Flores, desconoce la crisis económica que golpea fuertemente a los sectores más vulnerados del país y particularmente en el conurbano bonaerense. Al mismo tiempo, apunta a personas que perciben un programa social de 6.000 pesos mensuales y por el cual realizan trabajos en los barrios más postergados. Estos consisten en tareas de barrido, zanjeo, limpieza, reciclado de residuos, entre otros trabajos elementales que les permiten paliar la ausencia de obras básicas para, por ejemplo, evitar mayores consecuencias ante cada inundación cuando llueve.
Durante el 2018 la inflación fue de 47,5%, la canasta básica alimentaria aumentó un 53,5% -hoy se encuentra en 25.943 pesos-y el poder adquisitivo se vio pulverizado, sobre todo en los sectores que se recuestan sobre los movimientos sociales que cuentan con comedores comunitarios cada vez más abarrotados de personas. De este modo, uno de los reclamos centrales de las organizaciones es la generación de empleo genuino que permita mejores condiciones sociales y económicas.
En ese marco, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina difundió un informe con datos de la pobreza respecto del tercer trimestre de 2018. Los mismos resultaron ser los más altos de la década: una de cada tres personas en el país es pobre, y en el conurbano los porcentajes se acercan peligrosamente al 45%.
El escenario es alarmante para la provincia de Buenos Aires: hay un 43.4% de pobres –había 36.1% en 2017- y 8.9% de indigentes –cuando había 8.1% en 2017. Esto significa que 4.7 millones de personas del Gran Buenos Aires tienen dificultades de subsistencia.
La propuesta de Castello, que además carece de sustento a la hora de pensar la implementación, va a contramano de la realidad que atraviesa el territorio bonaerense y como agravante estigmatiza a quienes están por debajo de la pobreza e indigencia y exigen al Estado que les garantice los derechos básicos: trabajo, salud y educación.
Guillermo Castello, un polémico diputado de Elisa Carrió que genera rechazos entre los trabajadores
El legislador provincial de Cambiemos y proveniente de la Coalición Cívica, que confirmó a este medio a fines de enero que será candidato a intendente en Mar del Plata, posee una larga lista de iniciativas por las que ha recibido insultos y hasta tratado de “ignorante” por trabajadores.
El caso más reciente fue cuando el parlamentario fue blanco de duros señalamientos por parte de taxistas y remiseros que se oponían al desembarco de Uber en la ciudad balnearia. Mientras se trataba en el Concejo Deliberante un proyecto para multar a la empresa, los trabajadores del volante le dedicaron un cántico con fuertes insultos.
Choferes de taxis y remises se acordaron del Diputado @guillercastello durante la movilización contra @Uber_ARG en #LaFeliz pic.twitter.com/NQGoekuIOo
— Infocielo (@infocielo) 25 de enero de 2019
Tiempo atrás, el repudiado diputado presentó en junio de 2018 una iniciativa para eliminar el Día del Trabajador del Estado que se celebra con un asueto en la administración pública el 27 de ese mes. Además calificó como “populista” la resolución que se aprobó en el 2014 en el territorio bonaerense.
Ante esto, el secretario adjunto de ATE, Carlos Díaz, afirmó “las declaraciones o el pretendido proyecto de ley del diputado Castello deja ver la absoluta ignorancia por parte del diputado respecto al significado de esa fecha”.
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