El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la elevación a juicio oral de Cristina Fernández de Kirchner en parte de la denominada causa de los cuadernos. La ex presidenta es acusada como jefa de una presunta asociación ilícita dedicada a recaudar fondos ilegales de empresarios vinculados a la obra pública.
Dicha asociación ilícita habría funcionado durante los doce años que el kirchnerismo ocupó el poder. Entre los ex funcionarios sobre quienes pesa el pedido de elevación a juicio están Julio De Vido, Roberto Baratta y José López. Además, figuran los empresarios Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Ferreira, Ángelo Calcaterra y Enrique Pescarmona, entre otros.
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Según el dictamente del fiscal, tanto políticos como empresarios “obtuvieron beneficios”. “Los empresarios lograban favores del parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.
Para Stornelli “la asociación ilícita tuvo como finalidad organizar un sistema de recaudación ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales”.
En cuanto a la metodología de la asociación ilícita, el fiscal declarado en rebeldía por Alejo Ramos Padilla indicó que “los líderes y organizadores diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”.
Al momento de la recaudación, los miembros de la asociación ilícita habrían recurrido “a la utilización de distintos vehículos oficiales que eran utilizados en el circuito diagramado para la recolección del dinero facilitado por los privados”.
Con la elevación a juicio oral, ahora será el turno de las querellas (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera) para que realicen sus presentaciones y luego de las defensas para presentar observaciones sobre la investigación. Luego, el juez Claudio Bonadío definirá el pase del caso a un tribunal oral.
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