A ocho meses del veto presidencial que dinamitó el consenso alcanzado en 2023, la Cámara de Diputados vuelve a abrir el debate por el financiamiento de las universidades públicas. Este martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un nuevo proyecto de ley para asegurar recursos sostenidos y actualizados para el sistema universitario nacional. La iniciativa fue respaldada por gremios docentes, organizaciones estudiantiles y diputados de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el oficialismo se encuentra en minoría, y el Congreso busca acelerar el tratamiento en comisiones para llevarlo al recinto antes de fin de junio.
El proyecto del CIN propone una serie de medidas estructurales: financiamiento creciente hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, asignación automática de fondos a través de la coparticipación federal, actualización presupuestaria por inflación, convocatoria a paritarias regulares para docentes y no docentes, un fondo específico para carreras estratégicas y refuerzo de programas de becas y bienestar estudiantil. En total, el texto contiene doce artículos y busca blindar legalmente el derecho a una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Pero la advertencia del Gobierno ya fue clara: “Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va a vetar”, anticipó días atrás el jefe de Gabinete Guillermo Francos. No fue una declaración aislada. En paralelo, el presupuesto universitario aprobado para 2025 representa apenas el 50% de lo necesario, mientras que más del 70% del personal docente y no docente percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, según cifras del propio CIN. La situación se agrava con el congelamiento de las paritarias y el deterioro de las condiciones salariales, que impacta directamente en la calidad educativa.
Cómo sigue el debate legislativo
El ingreso formal del proyecto por mesa de entradas se espera en las próximas horas. La estrategia de los bloques impulsores es clara: aprovechar la sesión del 4 de junio para emplazar el debate en las comisiones de Educación y Presupuesto, presididas por el libertario José Luis Espert. Si logran sortear ese obstáculo, ya hay fechas tentativas para avanzar: el 10 de junio se convocaría a especialistas y referentes del sector, y el 11 se buscaría firmar dictamen. La votación en el recinto se planea para la semana del 18 o, más probablemente, el miércoles 25 de junio.
Mientras tanto, los gremios universitarios y las organizaciones estudiantiles preparan una nueva movilización, que podría coincidir con la votación en Diputados. “No depositamos muchas expectativas en este proyecto. Ya vimos el año pasado cómo el presidente vetó una ley aprobada con amplio consenso, y cómo el Congreso lo permitió. Esto es apenas una herramienta más, pero la clave sigue siendo la movilización”, aseguró Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA.
La presentación del proyecto se produjo en una jornada marcada por la tensión social. A la tradicional marcha de jubilados del miércoles se sumó una protesta del CONICET contra el vaciamiento del sistema científico. La jornada terminó con una violenta represión frente al Congreso, donde jubilados y periodistas fueron alcanzados por gases lacrimógenos arrojados por fuerzas de seguridad. En ese contexto, el nuevo intento legislativo aparece como una muestra de resistencia institucional, pero también como un interrogante abierto: ¿se podrá esta vez?
