Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se encuentran en Brasil como parte de la cumbre mundial G20, la gestión libertaria no logra destrabar las negociaciones para avanzar con el debate del presupuesto 2025 y José Luis Espert debió suspender la reunión de comisión.
Los gobernadores son los que se plantaron y frenaron la firma del dictamen. Desde las provincias hay una serie de reclamos para que sus diputados den luz verde al proyecto de dictamen oficialista e, incluso, amagaron con firmar un dictamen propio. Ante ese escenario, al presidente de la comisión no le quedó más remedio que cancelar el encuentro.
Quien encabeza las negociaciones con los mandatarios provinciales es el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no participó de la comitiva del G20. La suspensión de la comisión de presupuesto le da una semana más para negociar, pero hace tambalear el tratamiento de la ley de leyes en sesiones ordinarias, que finaliza el 30 de noviembre.
En caso de no llegar a tratarse en ordinarias, Javier Milei podría convocar a sesiones extraordinarias y tratar allí el presupuesto 2025. Aunque las dilataciones ya generan rumores de que volverá a prorrogar el presupuesto y adecuará el último aprobado, que data de 2023 bajo la gestión de Alberto Fernández.
Qué piden los gobernadores para garantizar el presupuesto 2025
Entre los reclamos de las provincias se encuentra la necesidad de que el presupuesto 2025 incluya el total de las deudas por las cajas previsionales no transferidas. En el proyecto de ley original que envió el Gobierno Nacional, contemplaba fondos por 254 mil millones de pesos para gastos corrientes. Sólo la provincia de Buenos Aires reclama 975 mil millones de pesos en ese concepto, mientras que Santa Fe pide otros 800 mil millones de pesos, y Córdoba 400 mil millones de pesos.
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Si bien es la principal demanda, no es la única. También piden que se financie la compensación del Pacto Fiscal que se firmó en 2017, y que se sumen a la coparticipación tanto el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) como el 1,9 por ciento de los impuestos coparticpables que financiaban a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disuelta por el Gobierno Nacional y reconvertida en ARCA.
Otra de las demandas provinciales tiene que ver con la distribución de recursos a partir de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una importante caja que cortó Milei durante su primer año de mandato y que le permite a los gobernadores contar con fondos “liberados”, sin pasarlos por la coparticipación provincial.
