El Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, eligió un escenario particular e internacional para exponer sus críticas al Gobierno de Javier Milei. Viajó a Ginebra, Suiza, para participar de la 113ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde donde denunció lo que calificó como un “brutal ajuste” contra la educación pública y los trabajadores del sector. El gesto, sin embargo, no dejó de despertar interrogantes: ¿cuán efectivo o representativo es denunciar una situación local desde uno de los países más ricos del mundo?
En el marco del Comité Mixto OIT/UNESCO sobre la situación docente, Baradel afirmó que el Gobierno argentino atenta contra la educación y los derechos laborales. Apuntó especialmente contra el Decreto 341/2025, que elimina la participación del Estado en la Paritaria Nacional Docente, al que definió como una violación de convenios internacionales ratificados por el país. La denuncia fue acompañada por un llamado de atención sobre la falta de diálogo y la supuesta imposición unilateral de reformas.
“El respeto a los derechos fundamentales de lxs Docentes (SIC) –como la formación permanente, salarios dignos, escuelas seguras, la valorización de su trabajo y el derecho a huelga– son condiciones esenciales para garantizar una Educación Pública de calidad”, declaró el dirigente sindical, que también es Secretario Adjunto de CTERA y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Mientras tanto, en Argentina, continúan los debates sobre la efectividad del sindicalismo tradicional frente a un escenario económico adverso.
Baradel también cuestionó la intención del Ejecutivo de declarar a la educación como servicio esencial, lo que —según planteó— busca restringir el derecho a huelga, sin acompañarse de medidas que fortalezcan al sistema educativo. “Es una contradicción que muestra su desprecio por la Educación Pública”, argumentó desde Suiza, país que se destaca por su estabilidad económica y altos niveles de inversión educativa.
Críticas desde el exterior y preguntas hacia adentro
Durante su intervención, también apuntó contra el Decreto 340/25, que –afirmó– intenta suprimir el derecho de huelga en actividades que no califican como esenciales según la propia OIT. “Una actividad debe ser declarada servicio esencial cuando su paralización representa un riesgo para la vida, la salud o la seguridad de las personas”, explicó. La discusión se produce mientras el Gobierno impulsa reformas laborales profundas.
Por último, Baradel cargó contra lo que definió como una política de “criminalización de la protesta” y enumeró una larga lista de sectores supuestamente perseguidos por la administración de Milei. “Denunciamos el ataque a científicxs, actorxs, cantantes, representantes de la cultura, pueblos originarios, Docentes, Trabajadorxs estatales, médicxs, migrantes, periodistas y diferentes colectivos que el Gobierno toma como enemigxs (SIC)”, enumeró. La imagen del sindicalista en uno de los foros más relevantes del mundo del trabajo busca proyectar una defensa de derechos, aunque su elección de escenario y método de denuncia no deja de generar debate en la opinión pública local.
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