La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara Baja tuvo su reunión informativa previo a la sesión de este martes. El presidente de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, desembarcó en la Legislatura para dar brindar detalles de su trabajo en el marco de la discusión sobre la “mega ley” camporista contra la ludopatía que, producto de la falta de acuerdos, se encuentra empantanada y no bajará al recinto en la sexta sesión del año prevista para mañana.
El proyecto no llegará al recinto este martes cuando se desarrolle la sexta sesión ordinaria del año. Bajo la conducción de la diputada camporista Micaela Olivetto, Atanasof y su equipo técnico se sometieron a las preguntas de un variopinto abanico oficialista y opositor. Dieron el presente espadas legislativas de Unión por la Patria como Rubén Eslaiman, Mariano Cascallares, Juan De Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez; junto a referentes opositores de la talla de Diego Garciarena, Valentín Miranda, Andrés De Leo, Romina Braga, Fernando Rovello y Fabián Luayza.
Frente a diputados oficialistas y opositores, Atanasof describió el escenario de las apuestas virtuales como una “tormenta perfecta”. El dato más pesado que dejó sobre la mesa es que el 80% del juego online que se desarrolla en la Provincia transita por los canales de la ilegalidad, permitiendo el ingreso irrestricto de menores de edad.
Para dimensionar el volumen de la rosca, el funcionario trazó un paralelismo brutal: el juego ilegal en Argentina moviliza USD 3.600 millones, triplicando el último desembolso del FMI. Mientras tanto, en el circuito formal y controlado por el Estado existen unas 7 millones de cuentas en las operadoras habilitadas, donde el 70% de la actividad no corresponde a apuestas deportivas, sino a tragamonedas y ruletas virtuales.
“AGENTE PROVOCADOR”: EL PEDIDO A LOS LEGISLADORES
El encuentro sirvió para que Lotería le pase la pelota a la política, exponiendo los “retrasos parlamentarios” que terminan protegiendo el accionar de las mafias digitales.
El director de Legales del organismo, Sebastián Silvestre, reclamó que la Provincia incorpore la figura del “presunto infractor” para poder decomisar servidores de forma cautelar. Explicó que actualmente, cuando la Provincia bloquea un dominio clandestino, las bandas criminales abren automáticamente decenas de subdominios desde paraísos fiscales como Malta o Curazao.
Pero la principal traba está en el Código Penal. El Instituto exigió que el juego clandestino sea calificado como Crimen Organizado (Ley Nacional 27.319), lo que habilitaría al Estado a actuar como “agente provocador” (encubierto). “Como no tenemos esta herramienta, solo llegamos a los cajeros, que usualmente son gente vulnerable manejada por los verdaderos culpables”, confesó. También exigió reformar el artículo 301 bis para evitar que los mafiosos zafen con una probation (suspensión de juicio a prueba) y la Justicia tenga que devolverles el dinero incautado.
LAVADO DE ACTIVOS Y BILLETERAS VIRTUALES
Ante las preguntas de la oposición sobre la “letra chica” del negocio clandestino, el equipo de Atanasof desnudó el engranaje del lavado: las mafias compran identidades y cuentas de Mercado Pago en redes sociales (Marketplace) para armar su ejército de cajeros falsos.
El dinero en pesos se transforma velozmente a dólares, luego a criptomonedas (USDT) y finalmente a Bitcoin, perdiendo el rastro fiscal. Aclararon, no obstante, que en los mega operativos realizados no registraron la utilización de la billetera estatal Cuenta DNI, ya que sus limitaciones técnicas para la triangulación en moneda extranjera espantan a los lavadores.
“Esta reunión puede ser el inicio de un camino para conseguir más herramientas y mejores resultados”, destacó Atanasof, quien calificó el intercambio como “sumamente productivo” y valoró la predisposición de los distintos bloques para abordar una problemática que preocupa a las familias bonaerenses
