De cara a lo que será la compleja renegociación de los contratos y frente a la decisión tomada de revertir los aumentos que autorizó María Eugenia Vidal antes de dejar el poder, representantes del Gobierno provincial se reunieron con el empresario Rogelio Pagano, titular del grupo DESA, que controla las distribuidoras eléctricas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES.
La reunión se llevó a cabo en Gobernación y fue encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, junto al subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, de perfil opositor a los tarifazos implementados por Cambiemos en los últimos años. Por el lado de Pagano formaron parte de la comitiva Ivana Del Rossi, Laura Ferrari y Fernando Pini, por parte del mismo grupo.
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Según se comunicó oficialmente, se abordó “la situación general de la Provincia y del sistema eléctrico en particular” y la “la Ley de emergencia tarifaria que se está debatiendo en la legislatura” y que habilita al Gobierno a renegociar contratos de concesión. También se analizó “la suspensión del aumento tarifario que debía entrar en vigencia los primeros días del año próximo”.
Siempre según el Gobierno, las empresas manifestaron su voluntad de “colaborar y acompañar al nuevo gobierno” y se acordó “trabajar en conjunto con los equipos técnicos de las empresas y del gobierno provincial para estudiar los avances de las inversiones, los indicadores de calidad del servicio y la necesidad de alcanzar una tarifa justa que pueda ser afrontada por las y los bonaerenses, garantizando los niveles de inversión que requiere el sistema”.
Esa voluntad de se traduciría, según pudo reconstruir INFOCIELO, en la aceptación del congelamiento tarifario que regirá por 180 días y que está previsto en la emergencia. Pagano también hizo algunas solicitudes que serán evaluadas por las autoridades pero que en principio no condicionarían el acuerdo.
Las distribuidoras privadas son posiblemente el polo de oposición más fuerte a la política tarifaria que buscará implementar Kicillof, pero no son el único eslabón. Hay, además, cerca de 200 cooperativas que funcionan en el territorio Provincial y que vienen reclamando desde hace varios años políticas específicas, frente al trato igualitario respecto de las grandes distribuidoras que les ofrece el Estado.
En concreto, consideran que la Revisión Tarifaria Integral que llevó a cabo la administración Vidal se pensó “a medida” de las distribuidoras y dejó al vasto espectro de cooperativas en posición desventajosa fundamentalmente frente a los incrementos en los costos de la energía. La embestida de Cambiemos fue por partida doble: también les impidió cobrar junto a la factura de luz servicios que prestan a las municipalidades, afectando la cobrabilidad.
INFOCIELO supo que esta misma semana hubo una reunión de cooperativistas nucleados en FEDECOBA, en Mar del Plata, donde se resolvió pedirle una audiencia al Gobernador. Por ahora, en ese sector se manejan con extrema cautela y optimismo medido ante las nuevas autoridades provinciales. De todas formas, las autoridades del Ministerio tienen pensado convocarlas en el corto plazo.
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