La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La misma fue realizada debido a un caso particular que reflejó la desidia por parte del Estado y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
A raíz de la situación que padeció Mónica Mego es que la CPM realizó la presentación ante la CIDH. La misma quedó parapléjica por una infección en la médula, derivada de un cuadro de tuberculosis no atendido a tiempo y de manera adecuada. Asimismo, durante seis meses el SPB le negó atención médica.
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El organismo denunciante sostuvo que el caso “desnuda la vulnerabilidad del colectivo trans en cárceles bonaerenses, donde las graves condiciones de encierro que sufren todas las personas detenidas se combinan con una práctica particularmente violenta y discriminatoria por la condición de género”, y añadieron que “la desatención de la salud y las torturas que padecen las personas trans en el encierro tienen un componente discriminatorio que agrava aún más estas violaciones a los derechos humanos”.
La medida que presentaron sostiene que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte. El caso de Mónica Mego, la mujer que quedó parapléjica porque le negaron asistencia médica durante seis meses, es fiel reflejo de esta situación”.
A su vez, se menciona otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado. En todos los casos fueron acciones u omisiones del SPB las que provocaron esas consecuencias, ya que en ninguno hubo alguna respuesta estatal, aseguraron desde la CPM.
“Para el colectivo trans en el encierro, el acceso a la salud está mediado siempre por los agentes del SPB que utilizan este poder para extorsionar -muchas veces sexualmente- a las detenidas. En otras oportunidades, la atención médica es negada por motivos de discriminación, ya sea por parte de los penitenciarios o del personal de salud. Esto denota, a su vez, otro de los problemas fundamentales y sistémicos: la falta de profesionales especializados y con formación de género”, manifestaron.
El caso de Mónica
Mónica fue detenida hace ocho meses; primero estuvo alojada en la Alcaidía Pettinato y desde febrero en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela. En octubre, comenzó a sufrir dolores persistentes en la espalda. Los mismos se fueron intensificando, acompañados por fiebre nocturna y escalofríos. Con el tiempo comenzó a notar también dificultades para caminar.
En todo ese tiempo, a pesar de los reiterados pedidos de asistencia, el Servicio Penitenciario le negó cualquier gestión para atenderse extramuros y en Sanidad sólo le daban ibuprofeno y paracetamol. Cuando fue derivada al hospital San Martín fue operada de un absceso epidural en la médula por tuberculosis, pero quedó parapléjica y sin control de esfínteres. El cuerpo médico del hospital reconoció que el daño irreversible en su salud se podría haber evitado si se atendía a tiempo.
Luego de la externación, volvió a la cárcel donde desde hace más de un mes está alojada en una celda de aislamiento del anexo femenino de la Unidad Hospitalaria 22 de Olmos en soledad, sin la atención médica ni la asistencia sanitaria adecuadas para su estado de salud. Recientemente, la justicia reconoció la situación de abandono e hizo lugar a un habeas corpus presentado por la CPM por el agravamiento de las condiciones de detención que ponen en riesgo su vida.
Tal como se denuncia en la cautelar presentada ante la CIDH, recibe ocasionalmente la visita de enfermeros pero no con la regularidad que su cuadro clínico requiere. Hubo oportunidades en que no le cambiaron los pañales o que recibió un aseo superficial, debiendo permanecer con el mismo pañal más de 12 horas en condiciones indignas. Por su paraplejia y para evitar escaras y otras complicaciones necesita un colchón antiescaras, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense no se lo proveyó. Tampoco recibe asistencia para efectuar rotación o fisioterapia para acompañar la recuperación.
Mónica se encuentra, además, con tratamiento farmacológico por tuberculosis y con VIH como enfermedad de base; estos padecimientos requieren de la provisión regular de medicamentes que muchas veces faltan y de una dieta especial que el SPB no cumple: la comida que recibe es poca y mala.
“El caso de Mónica da cuenta de la ausencia de políticas integrales de salud adecuadas para la población trans encarcelada. Si bien el déficit de esta atención afecta a toda la población encarcelada, se profundiza con este colectivo en cuanto la falta de acceso a la salud se combina con prácticas discriminatorias por condición de género”, sostuvieron desde la CPM.
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