Durante meses, las calles se llenaron de autos con patentes provisorias. No eran casos aislados: los conductores podían pasar hasta seis meses —o más— esperando la chapa definitiva. Lo que pocos sabían es que, mientras tanto, las patentes ya estaban fabricadas. No se entregaban, y detrás de esa demora había algo más que burocracia: un plan para desplazar a la Casa de la Moneda y entregar el negocio a un privado.
La modalidad repite una narrativa trágica que la Argentina vivió en carne propia durante la década del 90: el sabotaje al Estado para declararlo ineficiente y correrlo para facilitar el ingreso de un privado que, para colmo, termina subcontratando al mismo Estado.
Sebastián Bravo, trabajador con 13 años en Casa de la Moneda, relató en “Palabras más, palabras menos” por FM Cielo cómo se montó la maniobra. La cronología arranca el Día de la Soberanía Nacional, cuando el Gobierno decidió cerrar la planta de Torcuato, la única que producía chapas patentes. Sin plan alternativo, trasladaron la maquinaria a la sede de Retiro, donde hasta entonces se imprimían billetes, se acuñaban monedas y se emitían pasaportes. Allí, el personal tuvo que capacitarse en apenas diez días para asumir una tarea que no realizaba.
Ese movimiento frenó la producción por cuatro meses, generó retrasos masivos y sirvió de argumento para un discurso ya instalado desde la campaña: que la Casa de la Moneda era ineficiente y parte de “la casta” estatal.
Una licitación hecha a medida para un viejo conocido
El siguiente paso fue una licitación en la que solo se presentó un oferente: Tonjes, hasta entonces proveedor del aluminio para las chapas. “Con el diario del lunes nos dimos cuenta de que el directorio de Tonjes es el mismo de la empresa Boldt”, reveló Bravo. En paralelo, desde el Ministerio de Justicia —con el escandaloso Mariano Cúneo Libarona al frente— se acumulaban patentes fabricadas por la Casa de la Moneda, que no se distribuían.
El mecanismo era claro: crear una imagen de ineficiencia estatal, impedir que las chapas llegaran a los registros automotores y, una vez adjudicado el contrato al privado, “liberar” el stock para que aparecieran de golpe, exhibiendo la supuesta eficacia del sector privado. “Es la misma película de los 90”, resumió Bravo.
La empresa beneficiada no es ajena a los negocios con el Estado. Boldt fue protagonista de la captación de apuestas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli y estuvo vinculada a operaciones con la Casa de la Moneda en tiempos de Amado Boudou, cuando se discutía el control de la impresión de billetes. Su presencia en rubros estratégicos siempre generó polémica por la combinación de contratos millonarios, vínculos políticos y un alto nivel de concentración en sectores regulados.
Mientras tanto, en la Casa de la Moneda se seguía trabajando a tres turnos, produciendo unas 10.000 chapas por día —incluyendo reposiciones, patentes para motos, diplomáticas y agrícolas—, pero sin que ese esfuerzo se tradujera en entregas regulares.
Negocio redondo
La conexión entre Tonjes y Boldt abre otra dimensión del caso. La firma beneficiada no solo se quedará con el negocio de las patentes: según Bravo, detrás hay intereses inmobiliarios vinculados a la familia Caputo y la expansión del rubro de apuestas deportivas, en el que Boldt también opera.
En septiembre, según les anticiparon a los trabajadores, la Casa de la Moneda dejará de producir chapas. Boldt tomará el control, aunque con un obstáculo técnico: no cuenta con la maquinaria automática más moderna de Latinoamérica, que hoy está en la planta estatal. Trabajan con equipos manuales y ya hicieron un nuevo pedido de 180.000 patentes para cubrirse mientras intentan consolidar la operación.
El problema no es solo de control del negocio, sino también de calidad. Bravo advirtió que el laminado que usará el privado no cumple los requisitos técnicos: puede alterar el brillo y la legibilidad de las letras, especialmente en las chapas de motos.
Un vaciamiento sistemático
El caso de las patentes no es un hecho aislado. Según Bravo, forma parte de una política más amplia de vaciamiento de la Casa de la Moneda. Ya se intentó tercerizar la impresión de boletas electorales y ahora buscan quitarle también la emisión de pasaportes, en la que Argentina ocupa el puesto 117 del mundo en calidad y seguridad. “Metieron en la sociedad la idea de que somos deficientes y culpables de todo. Ya echaron a la mitad del personal y ahora nos ofrecen retiros voluntarios extorsivos: irnos con el 50% del sueldo y sin reconocer la antigüedad, o quedarnos cobrando la mitad”, denunció.
Para los trabajadores, la sensación es de final anunciado. “Hace ocho o nueve meses que venimos digiriendo el fin. Ya lloramos, ya pataleamos. Si nos tenemos que ir, será con dignidad”, dijo Bravo, que insiste en que la maniobra con las patentes es la prueba más clara de un modelo que degrada lo público para justificar la entrega a manos amigas.
