Desde hace casi exactamente dos años, la Suprema Corte bonaerense funciona con menos de la mitad de los miembros que le asigna la Constitución. La renuncia del cuarto miembro, Luis Genoud, se hizo efectiva el 1 de junio de 2024 y ni el gobernador Axel Kicillof ni la Legislatura provincial lograron los consensos mínimos para completar esa vacante, ni las tres que se generaron entre 2020 y 2021.
Axel Kicillof no quiso o no pudo darle una nueva impronta y formato al Poder Judicial durante estos años. “Tengo por delante el desafío de construir la mayoría necesaria para nombrarlas. Hicimos un avance que es histórico en el Poder Judicial, vamos paso a paso”, respondió el mandatario dos meses atrás.
La paciencia que demostró el Gobernador no condice con la de los propios ministros del Máximo Tribunal bonaerense, que salieron a apurar los trámites con declaraciones y pedidos formales. El Ejecutivo “mimó” a los supremos con visitas y fotos ministeriales, pero los reclamos de fondo tienen destino de cajón.
La pelota está en los pies del Ejecutivo, pero la Legislatura trabaja con un sistema de oposición abroquelada en plan defensivo y de internas inexplicables en todos los frentes. En lo que va del año, ni el Senado ni la Cámara de Diputados pudieron acordar la conformación de las comisiones, un paso indispensable para ponerse a trabajar. Desde el 1 de marzo ni siquiera hubo una sesión ordinaria.
Así es imposible, de verdad.
Otro agujero negro de la administración se percibe en el Astillero Río Santiago, que no tiene presidente designado desde fines de agosto de 2025. Transcurrieron 270 días y todavía no se sabe y no se entiende cuál es el plan del Gobierno para la empresa naviera estatal. Kicillof dice estar convencido de que se le puede dar “viabilidad económica” pero no explica cómo. Augusto Costa, responsable político de esa área del Estado, jamás habla del tema y parece más ocupado de lo que acontece del otro lado de la General Paz.
Al último presidente, Pedro Wasiejko, se lo devoraron los gremios que hacen paro sólo cuando el 8 de marzo cae domingo o cuando no se les reconoce el día del estatal. Dato al pasar: este año, esa jornada —el 27 de junio— cae sábado. ¿Habrá reclamo para trasladarlo al viernes o al lunes? Posiblemente.
Al Gobierno provincial, sostener esa estructura le insumirá en 2026 unos 105 mil millones de pesos, de los cuales 87 mil serán para pagar sueldos. De acuerdo con los números del proyecto que se empezó a debatir en la Legislatura, se presupuestaron otros 11 mil millones para mantener funcionando al astillero —pago de servicios, esencialmente—, mientras que la inversión en capital será de 7 mil millones. En el mejor de los casos, el ARS recuperará 1 de cada 10 pesos invertidos.
Sin topos ni motosierras de por medio, el anquilosado Estado bonaerense revela enormes problemas para solucionar problemas reales y concretos. Hay una evidente falta de recursos económicos que se explica en gran medida por la asfixia a la que Javier Milei somete a 18 millones de bonaerenses. Ahora bien, ¿cómo se explica la falta de recursos políticos para lograr acuerdos y encontrar soluciones estructurales?
Esta parálisis política, que oscila entre la siesta legislativa y la incapacidad crónica de nombrar jueces o directores, tiene hoy un telón de fondo global y civilizatorio: el desembarco definitivo de la inteligencia artificial y el planteo de sus profetas megamillonarios. Mientras la política bonaerense debate el sexo de los ángeles, tipos como Peter Thiel o Alex Karp —el CEO de Palantir, socio de Thiel y autor de un manifiesto perturbador sobre el nuevo orden mundial— caminan el país. Karp lo ha dejado claro en sus intervenciones en Estados Unidos: la era del debate moral y ético terminó; los problemas de las sociedades contemporáneas son demasiado complejos para dejarlos en manos de parlamentos lentos y burocracias de tortuga. Para ellos, el software de inteligencia artificial debe tomar el control, sin tantos pruritos.
No es una distopía de Netflix; es el presente de la política en Washington. Las inteligencias artificiales militares y de análisis de datos de empresas como Palantir ya interactúan, condicionan y dictan agendas en el Pentágono, la CIA y las campañas electorales norteamericanas. Moldean la opinión pública a través de algoritmos imperceptibles y predicen comportamientos sociales con una precisión quirúrgica. Thiel y Karp ven en el Estado tradicional un estorbo inútil. Y ahí es donde la crisis de gestión bonaerense se vuelve peligrosamente atractiva.
Si el Estado democrático, con sus instituciones y sus tiempos, se muestra incapaz de designar a un miembro de la Corte o de darle viabilidad económica a un astillero, le está dejando la mesa servida al discurso de la ultraderecha tecnológica. Que no se sorprenda nuestra clase política si los mismos ciudadanos que, agotados de la ineficiencia, se lanzaron en masa a los brazos de la motosierra de Javier Milei, apuesten mañana por una solución todavía más radical: que nos gobiernen directamente los robots, o mejor dicho, sus dueños.
