En las últimas semanas, en varios distritos se comenzaron a ver movimientos de delegaciones de distintos organismos que dependen del Gobierno provincial. Cierres y reubicaciones dictadas de modo “relámpago”, sin previo aviso a trabajadores ni intendentes. La excusa oficial es, como siempre, la búsqueda de la eficiencia y el intento de imponer una burocracia web.
IPS, ARBA y el Ministerio de Trabajo son algunas de las reparticiones que dejaron de atender en Brandsen, Villa Gesell, Moreno y Castelli, por ejemplo, aunque en este último distrito la decisión se revirtió tras la intervención del Intendente.
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Desde el ámbito nacional se acompañó la medida con el cierre de dependencias de SENASA y del RENAPER, aunque en este caso, como contrapartida, se abrieron oficinas dentro de los hospitales públicos para garantizar la inscripción de recién nacidos.
Para los gremios, se trata de síntomas evidentes de un ajuste del Estado. Es que, si bien los trabajadores de planta permanente se reubican, a los contratados no se les están renovando sus vínculos. Desde ATE, además, denunciaron que “cierran sin previo aviso” y “notifican al personal en el momento”.
En el caso de ARBA hay dos versiones. Desde la agencia que conduce Gastón Fossati le dijeron a INFOCIELO en delegaciones y centros municipales se van a establecer Punto Arba Municipal, pero “no van a cerrar, solo cambiar la modalidad” y que las “fuentes de trabajo están garantizadas”.
Pero el gremio que nuclea a los trabajadores, AERI, rechazó “categóricamente” el cierre de los 14 centros de servicios que, aseguraron, se encuentran mayoritariamente en parajes distantes de grandes centros urbanos, con lo cual le imponen a los usuarios la necesidad de viajar para atender trámites.
Es que, remarcan, la posibilidad de acceder a plataformas web está limitada por la escasa disponibilidad de los servicios de internet. Y aseguran que los intendentes –incluso de Cambiemos- intentan realizar gestiones que se topan con la negativa intransigente del organismo.
“Esto no viene de la Dirección Ejecutiva sino del Gobierno”, le dijo a este portal Jorge Baldovinos. “Estamos en contra, creemos que es desjerarquizar el organismo”, añadió, y precisó que todavía se negocia la intangibilidad del salario de los 27 trabajadores afectados, porque está garantizado que no va a haber despidos.
Por su parte, desde el IPS le dijeron a este portal que la reubicación de personal no corresponde a “empleados del IPS, sino municipales”. Sobre el cierre de delegaciones, desligan responsabilidad y sostienen que “se cerraron aquellas que se compartían con el Ministerio de Trabajo, pero quedaron los delegados previsionales”.
Independientemente de que haya despidos o no, los cierres tienen consecuencias claras: los vecinos que menos habilidades o posibilidades de acceso a internet tengan, deberán recorrer mayores distancias para dar cauce a inquietudes, problemas o reclamos. Otra vez, pierde el más débil.
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