La Oficina del Presidente informó este jueves que, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el Gobierno decidió suspender de forma preventiva la compra de Telefónica por parte de Telecom, la empresa del Grupo Clarín. El argumento es técnico: La operación generaría una concentración sin precedentes en el sector de las telecomunicaciones. Pero la decisión política es todo menos neutral.
En un giro que desconcierta a propios y ajenos, el mismo gobierno que hace bandera de la “libertad de mercado” intervino en una transacción entre privados. ¿La diferencia? Esta vez no se trata de cualquier actor, sino de Clarín. De haberse concretado, el grupo que ya controla Personal, Cablevisión, Flow, Fibertel y Canal 13 habría sumado a Telefónica (Movistar), consolidando un dominio casi absoluto en telefonía fija, móvil e internet. Habría alcanzado el 61% del mercado móvil, el 69% del fijo y hasta el 80% de internet residencial en algunas zonas.
El dogma libertario, en pausa
La medida, en apariencia sensata desde una perspectiva regulatoria, deja al descubierto una contradicción central del oficialismo. El mismo gobierno que desmantela organismos de control, recorta presupuestos y repite que “el Estado es una organización criminal”, apela ahora a una figura preventiva para limitar una fusión que involucra a su principal socio mediático.
Desde el Partido Justicialista leyeron esta jugada con otra lógica: “El Gobierno le marcó un límite a Clarín, pero sólo porque ya consiguió lo que necesitaba: cobertura mediática para blindar la represión, la Ley Bases y el ajuste brutal”, deslizó un dirigente bonaerense. No pocos observan que en los momentos más críticos para Milei, el holding mediático eligió bajar el volumen a las críticas y apuntar los cañones a la oposición.
Este freno, lejos de significar una ruptura entre el Ejecutivo y el multimedios, podría ser apenas un tironeo entre socios desiguales. Porque si hay algo que el Milei libertario parece haber aprendido rápido, es que en la Argentina no se puede gobernar contra Clarín… al menos no por mucho tiempo. Lo hizo Alfonsín con ATC, Menem con los medios públicos, Néstor con la ley de medios trunca, y Cristina con la batalla campal judicial que aún resuena.
Mientras tanto, lo que está en juego no es solo una operación de mercado, sino el control de la infraestructura con la que se comunica, se informa y se educa el país. Y también, claro, la coherencia de un gobierno que dice odiar la casta, pero le rinde pleitesía al poder real cuando le conviene.
