Los fondos utilizados para solventar los gastos de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, están cada vez más sospechados de corrupción y se parecen mucho a la denuncia que salpica la campaña legislativa de los candidatos oficialistas de la provincia en 2017.
Luego de que se confirmaran algunos casos de “aportantes truchos”, un nuevo informe de la ONG La Alameda arrojó que varias empresas de seguridad privada y de la construcción, figuran como entusiasmados aportantes para la campaña que llevó al poder a Macri. Posteriormente, estas empresas ganaron contratos millonarios.
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Aún más polémico, es el hecho de que dichos aportes se realizaron a nombre de alguno de sus empleados, quienes rechazan haber puesto un solo puesto para la campaña de Cambiemos.
El procedimiento no solo se dio a través del sector privado, sino también del público, luego de que se revelara que al menos 1.147 trabajadores que dependen del gobierno porteño, figuraran como aportantes.
Dato curioso: en la última semana, la investigación judicial sobre los aportes de la campaña presidencial pasó por tres jueces. Evidentemente, hay mucho en juego y las evidencias queman.
En efecto, la investigación llevada a cabo por La Alameda confirmó que decenas de empleados de las empresas contratistas habían contribuido con $5.247.215 en la campaña de Macri.
Entre ellas, hay cuatro compañías de servicios de seguridad y cinco de la construcción
Casualidad o no, entre 2015 y 2018, esas empresas ganaron millonarios contratos con el gobierno porteño y la Nación.
LAS EMPRESAS
Según la información recabada, una ex empleada de la empresa de seguridad Murata SA pudo identificar su nombre en una lista larga de aportantes, aunque ella niega haber contribuido a la campaña presidencial.
Brenda Osso, fue utilizada en tres operaciones, en donde en una primera instancia su nombre sirvió para el –falso- aporte de 95 mil pesos para las PASO de 2015. Posteriormente, a su nombre figuran otros 30 mil para la campaña de octubre y finalmente, unos 16.500 para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017. Otra trama que desprendió cientos de aportantes truchos que ahora la justicia deberá investigar.
El dueño de la empresa Murata, Roberto Raglewski, habría admitido que él había entregado una lista de empleados para que se pudieran realizar los falsos aportes.
En 2015, Murata ganó licitaciones con el gobierno de la Ciudad por unos $1.271.154.650 y en 2018, obtuvo dos contratos por $55.814.398 con el Estado nacional. Un negocio redondo.
La misma operación se registró en otras empresas de seguridad como Briefing Security. Allí, cuatro ejecutivos de esa empresa aparecen aportando $ 20 mil a la campaña de las PASO 2015 y otros $180 mil en las generales de octubre de ese año.
Con la misma “suerte” que Murata, esta empresa ganó, entre 2015 y 2016, licitaciones por $1.104.794.381 con el gobierno de la Ciudad.
También, ocurrió con empleados de la empresa Sistemas Complejos de Seguridad y Miavasa SA. Todas estas empresas ganaron después, similares licitaciones millonarias.
Por insólitas que parezcan las declaraciones, consultados por el medio Perfil, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta aseguró que “en las licitaciones no se incluye ni se excluye a las empresas por las preferencias políticas de sus empleados”.
Es decir, para el gobierno de la Ciudad no hay siquiera una simple sospecha de corrupción o lavado de dinero, pese a que hay personas que aseguraron no haber pagado absolutamente nada para la campaña de Macri y Vidal.
Para cerrar un círculo aún más polémico, el relevamiento también denunció que existen 1.147 empleados del gobierno porteño aportando a la campaña 2015.
Una de las aportantes que aparecen es Sol Iruzún, la sobrina del juez Martín Iruzún, quien la semana pasada decidió apartar a Casanello de la investigación, un juez que no está en línea con el gobierno de Macri.
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