El entramado empresarial argentino atraviesa un escenario de creciente preocupación. Entre fines de 2023 y fines de 2025, la cantidad de empresas privadas con empleo registrado cayó de unas 568.700 a 540.200, una pérdida de aproximadamente 28.500 firmas, equivalente a una reducción cercana al 5%.
Los datos forman parte de un informe de la Confederación Federal PyME Argentina, que advirtió que el deterioro no se limita al cierre de empresas, sino que también alcanza la capacidad de generar nuevos emprendimientos. Según las cifras difundidas por la entidad, durante 2025 se registraron alrededor de 76.900 cierres frente a unas 64.100 aperturas, lo que dejó un saldo negativo de casi 12.800 empresas.
La tendencia también se refleja en los concursos preventivos. En la Ciudad de Buenos Aires, los casos pasaron de 82 en 2023 a aproximadamente 190 en 2025, un incremento superior al 130%. Para la Confederación, se trata de una señal de alerta sobre las dificultades que enfrentan las empresas para sostener su actividad.
La comparación con la crisis de 2001
El deterioro de los indicadores empresariales llevó a la entidad a señalar similitudes con algunas señales que precedieron a la crisis de 2001, aunque aclaró que las diferencias macroeconómicas, financieras y cambiarias impiden establecer una comparación lineal entre ambos períodos.
En aquel año, solamente en el ámbito de la Justicia Comercial porteña, se registraron aproximadamente 1.663 concursos preventivos y 1.033 quiebras, unos 2.696 procesos en total.
El presidente de la Confederación Federal PyME Argentina, Mauro González, sostuvo que la pérdida simultánea de empresas y la caída en la creación de nuevos emprendimientos exponen un problema que va más allá de la coyuntura económica. “Cuando empieza a perder empresas y al mismo tiempo deja de generar nuevas empresas, estamos frente a un problema mucho más profundo: estamos debilitando el tejido productivo nacional”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que las consecuencias trascienden el ámbito empresarial. Los cierres impactan sobre los trabajadores, sus familias, los proveedores y las comunidades vinculadas a la actividad productiva, mientras que la falta de nuevos emprendimientos implica proyectos de inversión y generación de empleo que no llegan a concretarse.
Caída del consumo y costos de producción
Entre las principales preocupaciones del sector, la Confederación enumeró la caída de la demanda interna, el deterioro del consumo, los costos de producción, las dificultades de financiamiento y la presión impositiva. También señaló el peso de las tarifas energéticas, la competencia de productos importados, la pérdida de mercados para la producción nacional y las dificultades para sostener los niveles de empleo.
Frente a ese escenario, la entidad reclamó una política económica que contemple las necesidades cotidianas de las pequeñas y medianas empresas y permita sostener la producción, la inversión y el trabajo. “No alcanza con estabilizar determinadas variables macroeconómicas si esa estabilización se construye sobre la destrucción de empresas y empleo”, planteó González.
La Confederación consideró, además, que es necesario establecer un sistema permanente de monitoreo del tejido empresarial, con seguimiento mensual de concursos, quiebras, cierres, aperturas, empleo, producción, actividad y financiamiento PyME.
El objetivo, según explicó, es identificar a tiempo los sectores y regiones más afectados para impulsar medidas específicas antes de que las dificultades se traduzcan en cierres definitivos. “Si esperamos a que las empresas cierren para reconocer que existe una crisis, llegaremos tarde”, concluyó el titular de la entidad.
