Las pequeñas y medianas empresas vienen advirtiendo por el impacto de los embargos y ejecuciones fiscales de ARCA sobre su actividad. El presidente de la Confederación Federal PyME Argentina, Mauro González, aseguró que el organismo aceleró los tiempos de intervención y cuestionó que los empresarios puedan encontrarse con sus cuentas inmovilizadas sin un aviso previo.
En diálogo con INFOCIELO, González sostuvo que “hoy ejecuciones y embargos son ejecutivos” y aseguró que las empresas pueden enterarse de la medida recién cuando ingresan a sus cuentas bancarias. Según explicó, también se registran casos en los que las cuentas son inmovilizadas por montos relativamente pequeños, algo que, afirmó, no ocurría con la misma frecuencia anteriormente.
“Vos te desayunás cuando entrás al banco”, describió el dirigente pyme, quien puso como ejemplo el procedimiento mediante el cual una orden de ARCA llega directamente a una entidad bancaria y deriva en la inmovilización de la cuenta. A su entender, el mecanismo tiene un impacto directo sobre el funcionamiento cotidiano de las empresas, ya que dificulta el pago de salarios, proveedores y otras obligaciones.
El planteo se da en un contexto en el que distintas entidades empresarias vienen reclamando cambios en la política de ejecuciones fiscales. Desde el sector industrial también se pidió la suspensión durante 180 días de los embargos y ejecuciones fiscales sobre las pymes, como medida transitoria frente a las dificultades financieras que atraviesan las empresas.
El impacto de los embargos sobre las pymes
Para González, la inmovilización de fondos puede profundizar los problemas de las empresas que ya tienen dificultades para sostener su actividad. “Además de todos los problemas que tenemos porque no se vende, no se produce y demás, hoy tenés que estar atento a que si pasa esto, te complica más la situación”, sostuvo.
El titular de la Confederación Federal PyME Argentina describió una cadena de dificultades que, según su visión, comienza con el atraso en el pago de impuestos, continúa con las deudas a proveedores y puede terminar afectando el pago de salarios y derivando en despidos y cierres. “Cuando empieza a tener problemas, lo primero que deja de pagar son los impuestos. Después deja de pagar a los proveedores, que es lo que está sucediendo ahora, que se empiezan a cortar las cadenas de pagos, cheques rechazados, empiezan a adelantar los pagos y demás. Después viene el atraso en los salarios y después vienen los despidos y posteriormente el cierre”, explicó.
En ese escenario, González sostuvo que las ejecuciones fiscales terminan agregando presión sobre empresas que ya atraviesan dificultades para mantener su actividad. “Lo que te hace es acorralar aún más y acelerar el proceso del despido y el cierre”, afirmó.
El pedido de suspensión por 180 días
Frente a este escenario, González aseguró que el sector reclama no solamente una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales, sino también mecanismos que protejan las cuentas de las pequeñas y medianas empresas. “Dentro de los proyectos que se han presentado, más de diez proyectos en Cámara de Diputados y de Senadores, una de las principales razones de la emergencia es que no se vende nada y no se produce. Pedimos la suspensión de las ejecuciones de embargos por 180 días”, señaló.
Según explicó, el objetivo es contar con un período de seis meses en el que las empresas puedan afrontar sus obligaciones sin que la inmovilización de fondos termine agravando su situación financiera.
“Por los próximos seis meses, que no se toque nada esto, porque queremos ver cómo hacemos frente”, planteó González. Y agregó: “Lo que estamos haciendo hoy, las empresas y las pymes en particular, es ver cómo sobrevivimos, a ver cuántas vamos a quedar de pie después de esto”.
Consultado sobre las dificultades para levantar un embargo una vez que la empresa regulariza la deuda o ingresa a un plan de pagos, González señaló que el tiempo depende en buena medida de la intervención del abogado que lleva el expediente. “Mayormente es rápido porque entiende la problemática”, explicó. Para el empresario, el principal cambio no estaría tanto en la etapa posterior a la regularización sino en la velocidad con la que ARCA llega a ejecutar el embargo.
El reclamo de las pymes se suma así a los planteos que distintas entidades empresarias vienen realizando sobre el impacto de las ejecuciones fiscales en un escenario de menor actividad y dificultades para acceder al financiamiento.
