Con la inflación estancada, al Gobierno Nacional le queda solo una de sus grandes banderas en materia económica: la del superávit fiscal. La presentación del proyecto de presupuesto 2025 giró en torno a esa idea que, en rigor, le está resultando cada vez más difícil lograr. En agosto lo logró, pero gracias a las provincias.
Así lo demuestran los números oficiales publicados por el Ministerio de Economía de la Nación. La cartera liderada por Luis Caputo celebró que “el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero por $3.531 millones, producto de un superávit primario de $899.660 millones“. Este balance esta alineado “con el sendero de gasto considerado sostenible” para la administración libertaria.
Yendo a los números finos, la llave para abrirle la puerta el déficit cero pareciera estar en un concepto: las transferencias a las provincias. Si bien hubo numerosas partidas que bajaron, en agosto el mayor ahorro estuvo en los gastos de capital que cayeron en un 4,8 por ciento en términos interanuales. Se trata de 12.836 millones de pesos menos que en el mismo mes del año pasado.
¿Cómo hicieron para ahorrarse esa plata? Muy fácil: se la quitaron a los gobernadores. El apartado de gastos de capital tiene seis conceptos y en todos se derrumbaron los fondos transferidos a las provincias.
Por ejemplo, en Energía la caída fue del 98,6 por ciento. En Transporte, tema que generó sendos conflictos con el gobierno bonaerense, del 98,9 por ciento.
Algo similar se registró en Educación, con una baja del 56,7 por ciento, en Agua potable y alcantarillado, con una variación del -67,1 por ciento y con Vivienda (-95,4 por ciento) que también puso en pie de guerra a la Provincia.
Más ajuste para 2025
A todo esto, la idea de Javier Milei y de Caputo es seguir por este sendero. De hecho, el presidente de la Nación le pidió a las provincias un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares para el año que viene. Algunas, como Buenos Aires, ya avisaron que no están dispuestas a hacerlo.
Por el contrario, los gobernadores siguen reclamando los fondos nacionales que les adeudan. A principio de mes se encontraron los 23 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reclamarle al Gobierno Nacional “el cumplimiento de los compromisos respecto a la financiación y/o ejecución de la obra pública en los territorios privicniales“.
