La jugada va contra todos los usos y costumbres de la política e incluso contra la jurisprudencia que sentó la Cámara Nacional Electoral, porque implicaría un cambio de reglas en el mismo inicio del proceso electoral. Se trata de la respuesta del Gobierno nacional ante la posibilidad cierta de que María Eugenia Vidal pierda la elección bonaerense, a través de la modificación del decreto que reglamenta la Ley Electoral que rige en todo el país.
La alarma se encendió a partir de una versión fuerte que indica que el peronismo aplicará “colectoras invertidas” en las categorías Presidente y Gobernador, para lograr que un candidato que surja de la unidad pueda adherir libremente a cualquier boleta presidencial. El candidato a Gobernador pegado a la boleta de Cristina y a la boleta de Sergio Massa, o a la de Roberto Lavagna.
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Se trata de un ingrediente explosivo dentro de un cóctel que muestra a María Eugenia Vidal más consolidada que Mauricio Macri en las encuestas, pero sin margen para hacer piruetas. Porque, paradójicamente, Vidal, la dirigente política mejor valorada del país, rinde mejor como candidata a presidenta que a gobernadora.
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Claro que para eso todas las tribus peronistas tienen que alcanzar un consenso unívoco: el candidato no podría ser, a priori, un kirchnerista de paladar negro, sino un hombre capaz de articular consensos, como Martín Insaurralde. Eso explica por qué algunos intendentes aparecen tan entusiasmados con la idea.
En Gobernación admiten que no le ven mucho futuro al plan del peronismo e intuyen que la elección será un mano a mano entre Vidal y Kicillof. Pero no por eso descartan la jugada del PJ. “No se va a poder, por una cuestión legal”, le dijeron voceros del Gobierno a INFOCIELO. Lo cierto es que hasta ahora la ley lo permite. Y que la conjugación empleada da a entender que el impedimento vendrá en el futuro.
Hoy, el único óbice para la estrategia del peronismo son las cartas orgánicas que se escriben y reescriben a la hora de conformar los frentes electorales. Los autores de la jugada incluso esgrimen que hay jurisprudencia que avala el planteo, que surgió, como adelantó este portal, de una cumbre que intendentes del PJ mantuvieron con Sergio Massa.
Alcanza, según expertos, con demostrar el “parentesco” o “vínculo jurídico” para pegar una misma fórmula a dos candidaturas nacionales. ¿Cómo se hace esto? Armando un frente con los partidos a, b y c, para todos los cargos provinciales, dejando al partido D, por fuera de ese armado, pero para la alianza nacional, donde sí se incluye la cuarta nómina, sólo a los fines de acreditar el parentesco con cualquier otro que busque la adhesión y que debe proceder de la misma manera.
En llano: el partido D no es constitutivo del frente electoral para el cargo de Gobernador, pero puede presentarse porque forma parte de la alianza que esos mismos partidos integran a nivel nacional. Todo lo demás, se resuelve ante la Junta Electoral al momento de presentar las boletas.
Hay otra manera más fácil: habilitar la “adhesión”, como en su momento hizo el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella respecto de la boleta de Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones de 2011. Sólo que en este caso, sería en sentido inverso.
En lo que va del año, Cambiemos buscó legislar en materia electoral con distintos fines: separar la elección nacional de la provincial, desdoblar incluso las elecciones municipales, eliminar las Primarias Abiertas -que son consideradas un gasto innecesario- y, ahora, retocar la ley electoral para impedir de manera explícita una maniobra de la oposición.
Se trataría de una modificación del artículo 15 del decreto 443 de 2011, donde hoy se lee que “en el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas elecciones primarias”.
El decreto, explicaron fuentes técnicas a este portal, debería decir explícitamente que no pueden trabarse esas alianzas, contradiciendo, además, el espíritu de la ley vigente. Se trata, como fue anticipado, de maniobras objetables desde la ética y desde lo jurídico. Un precio alto para lo que puede terminar como un simple globo de ensayo del peronismo.
La jugada es también complicada desde el punto de vista constitucional: es que el Ejecutivo tiene vedado avanzar de manera arbitraria (sin aval parlamentario) en cualquier reforma que modifique el sistema electoral. Un principio razonable que le pone límites a los oficialismos, para no abusar de su posición en cualquier contienda electoral.
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