La avanzada del ministro Federico Sturzenegger contra los colegios de ley no es vista por los profesionales como una simple simplificación administrativa, sino como un ataque a la ética y a la constitución provincial. Para Marina Mongiardino, presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, la gravedad de la propuesta reside en que rompe el sistema de garantías que protege a quienes contratan un servicio profesional.
Así lo expresó esta mañana al aire de LA CIELO. Consultada sobre la intención del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de estar colegiado, Mongiardino fue tajante al señalar las consecuencias sociales: “Lo que este proyecto busca es que no haya control de la matrícula, con la gravedad que eso implica, porque si no hay control, cualquier profesional puede estar ejerciendo la profesión sin que haya un colegio que vele porque se cumplan las normas éticas”.
En ese sentido, subrayó que los colegios funcionan como un escudo para el vecino: “En caso de que no se cumplan las normas, nosotros tenemos un tribunal de disciplina que juzga aquellas conductas que se aparten de la ética. Imagínate lo que sería médicos, arquitectos o abogados sin un control… eso desprotege al ciudadano porque no sabe con quién está contratando ni qué hay detrás de cada profesional”.
Además, recordó que esta facultad no es discrecional, sino que “está establecido en la Constitución Provincial; las provincias delegan en los colegios el control disciplinario y de la matrícula, por lo que estamos hablando de una delegación constitucional”.
Reforma laboral: el abogado como “responsable solidario”
Otro de los frentes de conflicto es la reforma laboral, donde el Colegio ya ha iniciado acciones en el fuero federal para pedir la inconstitucionalidad de artículos que atacan los honorarios y la práctica profesional. Mongiardino explicó con preocupación un cambio que considera inédito y persecutorio: “Hay dos artículos que son graves en sí mismos: uno habla de la posibilidad de pagar honorarios en cuotas y otro de que los abogados sean responsables solidarios con su propio patrimonio por lo que resulte de la causa”.
Para la presidenta del CALP, esta medida busca instalar un temor infundado en los trabajadores y sus representantes: “Se habló mucho sobre la ‘industria del juicio’ para instalar esta idea en la sociedad, pero con ese sentido meten a todos en la misma bolsa. El argumento es que se aplicaría a causas que se inician ‘sin razón’, pero en este proceso de transición, mientras la ley esté vigente, nadie va a querer iniciar un juicio laboral ahora”.
Justicia en colapso y elecciones en el Colegio
Mongiardino no esquivó la realidad del servicio de justicia, al que describió como un sistema que “entra en algún momento en colapso” debido a la enorme cantidad de causas y la falta de jueces. “Estamos trabajando mucho en las vacantes desde el Consejo de la Magistratura para cubrir esos cargos de jueces que se jubilan o se van, y entre todos estamos tratando de ver cómo sostener el sistema ante la cantidad de demandas que hoy ingresan”.
Finalmente, la dirigente recordó que los próximos 14 y 15 de mayo el Colegio tendrá elecciones de medio término, donde su lista, Abogacía Unida, buscará “renovar y consolidar esta gestión de dos años”. Entre los logros que puso sobre la mesa, destacó un perfil de gestión basado en la apertura: “Tenemos líneas muy claras en transparencia con la transmisión en vivo de todas las sesiones del consejo directivo, más de 13 diplomaturas gratuitas para los colegas y mesas de trabajo con jueces en defensa de los honorarios”.
