La Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal del Poder Judicial bonaerense, se metió de lleno en la polémica en torno a los beneficios procesales que se vienen otorgando a reclusos del Servicio Penitenciario provincial para evitar el contagio masivo de COVID 19 dentro de las unidades carcelarias.
Para eso, declaró admisible un recurso de queja presentado por el fiscal ante el Tribunal de Casación, Carlos Altuve, que viene cuestionando las medidas emanadas por el vicepresidente de ese tribunal, Víctor Violini. Con la medida, la Suprema Corte suspendió provisionalmente los efectos de esa medida.
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El propio gobernador, Axel Kicillof, elevó esta misma mañana un pedido a la cabeza del Poder Judicial para que “ponga orden” en el medio de la polémica por la liberación de presos.
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Según comunicaron fuentes de ese tribunal, la Corte dispuso así la suspensión de las medidas establecidas por el Tribunal de Casación Penal en su fallo del 8 de abril del corriente año (Habeas Corpus colectivos y correctivos de causas N° 102.555 y 102.558) y “ordenó la secuencia del trámite a seguir previo a dictar la sentencia de fondo”.
La resolución está firmada digitalmente por los doctores Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.
La continuidad del trámite se dará una vez que se den por cumplidos una serie de requisistos expresados por el propio tribunal, entre ellos “la inmediata remisión del expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia”.
Entonces se dará traslado a la Procuración General, que encabeza Julio Conte Grand, para que emita dictamen en un término de 24 horas. Luego se dará intervención a la Defensa y a “los demás intervinientes pudieras efectuar las presentaciones que estimaren corresponder en el mismo plazo común”.
Desde la Corte precisaron que se resolvió abrir el recurso por la “gravedad institucional” que acarrea la situación. También anticipó que analizará “las infracciones procesales denunciadas por el Fiscal Altuve planteadas como causales de “arbitrariedad” de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal, también con el alcance que tiene la expresión según la CSJN”.
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