La Cámara Nacional Electoral aceptó resolver si Cristina Kirchner podrá votar en Santa Cruz durante las elecciones nacionales de octubre.
El órgano con competencia electoral hizo lugar a una apelación presentada por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, contra la decisión de la jueza subrogante, Mariel Borruto, de incluirla en el padrón de electores.
Para el fiscal, la confirmación de la condena y su detención domiciliario en el marco de la causa vialidad implica tanto la inhabilitación para ser candidata como para sufragar, aunque existe jurisprudencia internacional que advierte que el derecho al voto tiene mayor legitimidad y constitucionalidad por sobre la condición de detención.
En la primera instancia, la jueza Borruto había rechazado el planteo de fiscalía por “extemporánea”.
En sustento de esa decisión, el magistrado explica que la sentencia apelada fue notificada el 18 de julio y el recurso presentado el 27 de ese mes. Consideró que el plazo para apelar era de tres días, toda vez que la norma citada prevé que las inhabilitaciones “se determinarán en forma sumaria”, lo cual -a su criterio- constituye una clara remisión al procedimiento “sumarísimo” del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 498).
El planteo de la Cámara Nacional Electoral
Sin embargo, para la Cámara Nacional Electoral el código procesal “expresamente dispone que cuando las leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario” por lo que “la aplicación al caso de los plazos del trámite sumarísimo resulta infundada” sostiene.
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Y agrega que el plazo para apelar es de cinco días (art. 64), coincidente con el término genérico del referido juicio ordinario por lo que sostiene que la apelación fue hecha a término.
De esta manera, se dispone a revisar si Cristina Kirchner podrá o no votar el próximo 26 de octubre.
