En medio del recuerdo de la Guerra de las Islas Malvinas tras el 2 de abril, desde la Secretaría de Energía de la Nación declararon “ilegales” las actividades desarrolladas por la empresa Navitas Petroleum en la Plataforma Continental Argentina, próxima a las Islas Malvinas, por tratarse de una compañía que no figura en los registros como concesionaria y/o permisionaria para realizar exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo) en la zona.
La medida dispuesta desde la cartera bajo el ala del Ministerio de Economía, mediante la Resolución 240/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, declaró a Navitas Petroleum “clandestina” por desarrollar actividades “sin estar habilitada para ello por las autoridades competentes argentinas”, y se la inhabilita por 20 años para operar en “zonas próximas a las Islas Malvinas”.
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En los considerandos de la norma, se reseña que el 11 de junio de 2021 la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (Smayas) puso en conocimiento de la Secretaría de Energía “información relacionada con empresas que estarían operando ilegítimamente en la Plataforma Continental Argentina próxima a las Islas Malvinas”, y que, en particular, solicitó “que se determine si la empresa Navitas Petroleum LP y su vinculada se hallan inscriptas” en los registros correspondientes.
“Surge de los Registros existentes en esta Secretaría, que la empresa Navitas Petroleum LP no se encuentra inscripta”, señaló la repartición encabezada por Darío Martínez.
¿De dónde salió la empresa?
Navitas Petroleum es una compañía israelí fundada en 2015, y sus principales áreas de operación son la costa este de Canadá y en las aguas territoriales de los Estados Unidos en el Golfo de México.
Desde la Secretaría de Energía de la Nación remitieron al Ministerio de Relaciones Exteriores la notificación pertinente, a fin de que realice las diligencias correspondientes ante el Estado de Israel, y el 30 de junio de 2021 se le otorgó a la empresa un plazo de 20 días para que realice su descargo, “sin haber obtenido respuesta alguna”.
“Todo lo obrado ha sido en el marco del firme propósito de poner en marcha todas las acciones legales, judiciales o administrativas en defensa de los legítimos derechos de la República Argentina”, puntualizó la Secretaría.
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