El Gobierno desoyó su propia normativa y realizó este martes más de 300 nombramientosde altos cargos políticos, designaciones y habilitación de vacantes en la administración pública nacional.
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A menos de 15 días para las elecciones, las autoridades que buscan dar vuelta el resultado electoral, pretenden cuidar cargos clave por lo que se “atornillaron” al poder y mediante resoluciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros lo comunicaron.
Lo llamativo es que en el mes de julio del año pasado, el propio gobierno lanzó el decreto 622/18 en el que dispuso el “congelamiento” de la planta permanente hasta el 31 de diciembre de 2019. Más precisamente en su artículo segundo, la normativa habilitaba excepciones que “no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo”.
Lo cierto es que en la catarata de nombramientos de este jueves se buscan ocupar más de 300 cargos públicos del Estado, pero además se convocó al nombramiento de altos puestos como el Director de Presupuesto del Ministerio de Trabajo y la dirección general de Recursos Humanos de Parques Nacionales.
La Resolución 384/2019 asigna 101 cargos en la Secretaría Legal y Técnica para ocupar puestos como Asistente de Asuntos Jurídicos, Referentes de administración de personal, secretarios, informáticos, choferes y hasta mozos.
Con la publicación de la Resolución 388/2019 se cubren 95 cargos en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; y con la 387/2019, el gobierno ocupó 63 cargos en la Secretaría de Modernización en un mismo rol: asistente de soporte administrativo. Mediante la Resolución 390/2019, la Jefatura de Gabinete designó 13 cargos en la Dirección Nacional de Migraciones para Asistente de Migraciones.
También se asignaron 41 cargos vacantes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y 63 en la Secretaría de Gobierno de Modernización.
El diputado nacional Guillermo Carmina denunció la movida de designaciones e instó al Congreso a frenarla. “Los muchachos del republicanismo depredador del Estado se preparan para pasar a cuarteles de invierno. El Congreso debe detener está atrocidad”, escribió en su cuenta de Twitter luego de advertir que “el Boletín Oficial nacional de hoy es un festival de designaciones y llamados a concursos de altos cargos de la administración pública”.
Mientras tanto el gobierno se excusa con que se trata de contrataciones amparadas en las 7 mil establecidas en el artículo sexto del Presupuesto Nacional.
Sin embrago la duda en la oposición es cada vez más fuerte, ¿cuál es la necesidad de contratación urgente de personal en áreas del estado cuando existen grandes chaces que las autoridades emprendan la retirada el diez de diciembre próximo?
Además los críticos de las designaciones también citan otra normativa: el artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Pública que establece que “durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente”.
La decisión puede considerarse contraria a los lineamientos esgrimidos por el propio gobierno cuando llegó al poder y realizó despidos masivos dentro del sector público, para extirpar lo que el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Adolfo Prat Gay, definió como “la grasa militante” que llevó a un “Estado bobo”.
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